Empresarios de Bolivia agrupados en la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) proponen la creación de una alianza público-privada que se dedique a la administración de la carga en el puerto de Arica, Chile, mediante una concesión, de modo que las funciones de la Administradora de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) queden relegadas a la fiscalización y control de la carga de exportación e importación, según consignó Página Siete.
Al respecto, el presidente de la CNC, Rolando Kempff sostuvo que su intención es proponer un acuerdo público-privado con el Gobierno para el manejo de la carga en Arica de manera eficiente. "Creemos que ha llegado el momento de bajar el costo de las tarifas portuarias y beneficiar a la población en sí de Bolivia, eso es lo que estamos planteando”, señaló.
El presidente de la CNI, Ibo Blazicevic, agregó que esta concesión ayudará a agilizar el despacho de carga en el puerto y, además, puede reducir los costos para los importadores y exportadores entre 30% y 40%.
“Lo que estamos planteando es un nuevo modelo de concesión privada, donde la ASP-B dejaría de cobrar por las tarifas y tendría un rol más fiscalizador y controlador de la carga. Lo que queremos nosotros es atender de manera eficiente, oportuna y con menos costos, una reducción de entre 30% y 40% en los costos a todos los exportadores e importadores bolivianos, entendiendo que 80% de la carga que llega y se embarca en Arica es de privados”, dijo Blazicevic.
Negociación de tarifas
La propuesta ya fue presentada en una carta a la Cancillería de Bolivia, señaló el titular de la CNI, quien aclaró que de ninguna manera significa una contradicción con las negociaciones que al momento lleva a cabo la ASP-B con la Empresa Portuaria Arica (EPA), respecto al incremento de los costos en las tarifas que aplicó Chile desde agosto para la carga boliviana.
“Lo que nosotros planteamos es una alianza que ayudará a mejorar las condiciones de los importadores y exportadores del país, sin ir en desmedro de las negociaciones de tarifas que lleva a cabo la ASP-B con los representantes del puerto”, explicó.
En la misma línea, Kempff sostuvo que con esta propuesta no se dejará de lado a la ASP-B, que es un representante del Estado boliviano en puertos chilenos, ni a la Cancillería, que se encarga de hacer que se cumpla el Tratado de 1904, con relación al libre tránsito para Bolivia por los puertos del país vecino.
En tanto que, el 17 de septiembre, la Cámara Departamental de Transporte de La Paz (Cadetrans) recibió una propuesta por parte de la EPA que daba cuenta de una tarifa preferente para la carga boliviana directa con costo cero.
Los representantes del transporte pesado manifestaron, además, que solicitarán al Gobierno de Bolivia que se vuelva a poner en práctica el Decreto Supremo 25947, que permitía que los importadores nacionales mantengan una relación directa con la administración portuaria de Arica, sin intermediación de la ASP-B.
Camiones varados
Además, el Transporte Pesado del Departamento de La Paz denunció que unos 400 camiones están varados en el norte de Chile, sin ser atendidos en el puerto de Arica, como consecuencia de la falta de pago de la ASP-B por los servicios prestados durante la primera quincena de agosto
En esa línea, la Cámara Nacional de Transporte Nacional e Internacional (CBT) responsabilizó a la ASP-B por cualquier perjuicio o retraso que afecten el flujo normal de las operaciones portuarias realizadas por sus afiliados, así como posibles pérdidas económicas o gastos adicionales en los que incurran las empresas de transporte pesado que operan en las rutas del terminal.
Mientras que EPA explicó que el puerto de Arica opera con “normalidad” y espera que la ASP-B pague lo que adeuda por los servicios prestados.“Estamos operando con total normalidad, cumpliendo con los servicios programados para nuestros usuarios. Hemos puesto especial atención en la operación de despacho directo a tarifa cero de los contenedores programados”, señaló el gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto.
“No hay camiones retenidos, todos están a libre disposición de sus dueños y bajo control de sus choferes. Lo que ocurre es que los transportistas bolivianos están a la espera de que ASP-B pague la deuda con TPA, puedan cargar y retornar a Bolivia”, señaló.
Por MundoMaritimo
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