La construcción del galpón de acopio y concentrado de cobre de ATI en el Puerto de Antofagasta suma dos recursos de protección en la Corte de Apelaciones, dos investigaciones en Contraloría y una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente, documentos que han puesto en duda la legitimidad de sus permisos ambientales y de edificación.
Muchos antecedentes desconocidos han salido a la luz durante este último mes. Uno de ellos es que la estructura no contaba con el permiso de construcción por parte de la Dirección de Obras Municipales, situación que dejó paralizada su edificación por casi tres semanas.
Lo anterior, se llevó acabo tras las declaraciones que emitió el seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Julio Calderón, donde sostuvo que “este tipo de construcciones sí necesitaban del permiso de la DOM". Sin embargo, 17 días después declaró totalmente lo contrario.
El titular de la cartera de Vivienda dejó sin efecto la medida de suspensión que afectaba al proyecto y la edificación del galpón continuó, eso sí, una parte de él aún se encuentra paralizado.
Esto, porque según la Dirección de Obras Municipales (DOM), organismo que regula el cumplimiento del plano regulador comunal, la concesionaria debe liberar una franja de 50 metros que está emplazada en un sector de uso público. Si eso no ocurre, el abogado municipal, Héctor Gómez, sostuvo que la DOM tendrá que demoler esa parte del proyecto.
De lo anterior nada se sabe. Pero lo que espera el municipio es que ATI presente nuevamente una reclamación a la Seremi del Minvu y que esta última estudie la solicitud y anuncie su veredicto, al menos ese es el procedimiento que estipula la normativa vigente. Sin embargo, el titular regional de la cartera no quiso referirse formalmente al tema.
Recursos
La última semana de diciembre, la diputada electa Paulina Núñez junto al arquitecto Emile Ugarte, presentaron un recurso de protección en contra de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental, en ese tiempo presidida por el exintendente de Antofagasta, Pablo Toloza, quien también se refirió al tema del galpón y sostuvo que la iniciativa cumplió cabalmente con todos los procesos ambientales.
En publicaciones anteriores, Pablo Toloza sostuvo que este proyecto fue presentando al SEA en un proceso transparente y conocido por la comunidad puesto que se puede leer a través de la página web del organismo público.
"Si alguien tiene reparos tiene que reclamar ante las instituciones que corresponde, como los tribunales ambientales, la superintendencia de Medio Ambiente. Incluso, se reformó el Comité de Estudio Ambiental a objeto que las decisiones que se tomen sean lo más transparente posible. Ellos están en todos su derecho a reclamar pero el proceso está de acuerdo a la ley" manifestó en esa ocasión.
Evaluación
En relación a los permisos de la Dirección de Obras, Toloza agregó que la Comisión de Evaluación Ambiental se refiere exclusivamente a la viabilidad y autoriza el proyecto en temas ambientales.
Además -al igual que la municipalidad- insistió que para construir algo en la ciudad, debían contar con la autorización por parte de la Dirección de Obras que es el ente que autoriza o no la construcción de una infraestructura dentro de la urbe.
Además, al igual que el seremi de Medio Ambiente, Hugo Thenoux, Pablo Toloza acusó a la municipalidad (en ese tiempo encabezada por la actual diputada electa, Marcela Hernando) de no participaren la evaluación ambiental del proyecto.
Historia
El 13 de diciembre de 2011, la ATI presenta la declaración de impacto ambiental del proyecto al SEA. Al otro día, el organismo pide a la municipalidad pronunciarse respecto a esta iniciativa, sin embargo, se venció el plazo y el municipio nunca entregó su postura. Esta situación hasta hoy ha sido reclamada por los distintos actores que están en contra de la construcción del galpón, el cual tuvo una inversión aproximada de US$43 millones.
Tras esto, en agosto de 2012 la Comisión de Evaluación Ambiental calificó como favorable ambientalmente el proyecto.
Uno de los primeros actores que se pronunciaron en contra de la construcción, fueron los arquitectos, quienes en varias entrevistas aseguraron que “era un atentado visual y medio ambiental para los habitantes de Antofagasta".
Por esta razón es que el arquitecto Emile Ugarte pidió una investigación respecto al procedimiento de evaluación que tuvo el proyecto a la Contraloría Regional, organismo que aún no se pronuncia frente a esta materia.
Fuente: El Mercurio, Antofagasta
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