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11 de Diciembre de 2017 Develan errores en el proceso de demanda de nulidad de contrato otorgado a TCQ en Guatemala Procuraduría General de la Nación no estableció monto de resarcimiento para el Estado

Las partes interesadas en la demanda de nulidad del contrato otorgado a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) guardan silencio. La sentencia emitida por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo revela errores en el proceso, como la falta de una solicitud –de parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN)– de una condena a las entidades demandadas para el pago de daños y perjuicios en favor del Estado de Guatemala, consigna El Periódico de Guatemala.

Los abogados de TCQ alegaron además que la PGN tampoco indicó por qué no fue posible la fijación de un valor monetario. El Artículo 150 de la Ley del Organismo Judicial establece que, cuando no es posible establecer el monto sobre daños y perjuicios en la sentencia, esta se debe fijar según hubiere sido solicitado.

Los magistrados de la Sala Quinta resolvieron no pronunciarse en relación a la petición del pago por daños y perjuicios por no tener competencia para emitir pronunciamiento, porque el artículo de la Ley de lo Contencioso Administrativo que regulaba las reparaciones pecuniarias fue declarado inconstitucional.

No obstante, el consultor Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), estima que los abogados de la PGN debieron haber solicitado un monto específico sobre los perjuicios que el Estado tuvo al no poder hacer algún otro negocio con otra empresa, mientras los terrenos han estado cedidos a TCQ, actualmente denominada APM Terminals Quetzal, después de que la terminal fue comprada por la filial de Maersk Group.

“Hay una regla judicial que dice que no se puede resolver más allá de lo que se pidió”, dijo Samayoa, quien agregó que después de una eventual sentencia definitiva sobre la demanda de nulidad, la PGN podría acudir a un juzgado civil para solicitar el pago de los perjuicios ocasionados al Estado.

De acuerdo con la sentencia, la Sala Quinta declaró “nulos de pleno derecho” el contrato de la constitución del usufructo de 2012, que se refiere a la modificación del compromiso original y el administrativo A-196-2012.

Aunque en la demanda de nulidad, la PGN no fijó un monto sobre daños y perjuicios, la institución sí avaló en 2016 un memorándum de entendimiento, en el que se propuso que los nuevos dueños de TCQ –APM Terminals– pagaran una reparación civil de US$32,7 millones a cambio de que el Congreso les aprobara una concesión directa por 21 años. APM realizó el desembolso y luego lo retiró. 

Por MundoMarítimo

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