Domingo, 25 de Agosto de 2019 | ISSN 0719-241X
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14 de Octubre de 2011 Coordinadora de Ciudades Puerto pidió al CDE revisar acuerdos Entre EPV y Grupo Plaza por mall en Barón

Una positiva evaluación hicieron miembros de la Coordinadora en Defensa de las Ciudades Puertos y sus Trabajadores, tras la actividad a la que convocaron la mañana de este martes en la Plaza Aníbal Pinto. En la cita, una jornada de información pública, se expuso ante la ciudadanía de Valparaíso los motivos por los cuales esta entidad ha expresado su rechazo a la construcción de un mall en el sector de Barón, en terrenos donde podría –en el futuro- expandirse la actividad portuaria local.

Con la presencia de diversas organizaciones ciudadanas y sociales de Valparaíso, entre ellas Cupemchi, Asamblea Ciudadana y Poder Ciudadano de Valparaíso, y la asistencia de la mayor parte de los dirigentes de la multigremial que trabaja junto al Gobierno en la adecuación de 6 medidas de la Agenda de Impulso Competitivo, el acto incluyó alocuciones de actores del mundo portuario, universitario, de los pensionados y los trabajadores, donde se coincidió en la necesidad de defender el futuro de la ciudad.

En la ocasión, el vicepresidente de Asonave y dirigente de la Coordinadora, Carlos Manterola, compartió el fundamento del rechazo a la posible construcción de un mall, aduciendo los vicios existentes en los acuerdos logrados entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y el Grupo Plaza, para la futura explotación comercial del sector de Barón.

“El fin principal de este rechazo es defender la actividad portuaria, porque si se instala un mall en Barón, definitivamente se pone un tapón al desarrollo portuario de Valparaíso. Eso significa su muerte como puerto (…) Además, bajo nuestro punto de vista el contrato tiene varias cosas irregulares que deben ser revisadas”, señaló.

Manterola enumeró varios vicios que, a juicio de la Coordinadora, existen en el vínculo entre EPV y los inversores del retail: la venta de terrenos para edificación de departamentos a un precio total de 8 UF por metro cuadrado, en condiciones que EPV los compró para depósito de carga a un valor de 20 UF; la futura realización de actividades ajenas al objeto de la empresa portuaria -como la explotación inmobiliaria o el recibo de comisiones del 10% por las ventas del mall-; o el pago de 490 mil UF al Grupo Plaza por la mantención de espacios públicos, que seguirán siendo privados una vez que se venda esa sección del borde costero.

“Además, hay otro caso que no se ha dado a conocer a la opinión pública, que es el pago de US$ 3 millones que hizo EPV a South Andes Capital, por haber ellos hecho como intermediarios entre la empresa y el concesionario. Hemos revisado el contrato y queremos que se aclaren ante la ciudadanía las responsabilidades”, agregó el dirigente, quien pidió escuchar la voz de expertos que también han rechazado el mall, como Beltrán Urenda, “que es conocedor del tema, y dice que el mall va a bloquear la posibilidad de desarrollo del puerto de Valparaíso”.

Al CDE

Tras el acto, los dirigentes de la Coordinadora junto a los asistentes concurrieron en una improvisada marcha por la avenida Blanco hasta el Consejo de Defensa del Estado (CDE), donde entregaron un escrito con la presentación en que se solicitó a este organismo que se hiciera parte de la revisión de los contratos firmados y, eventualmente, en las acciones judiciales que puedan derivarse del caso.

El abogado procurador fiscal (s) Rodrigo Herrera recibió a la comitiva y señaló que tomaría conocimiento del caso, solicitando para aquello la entrega de todos los antecedentes que tanto la Coordinadora como la Asamblea y otros actores políticos y sociales tienen sobre el tema. Asimismo, se convocó para el próximo lunes a una reunión con los abogados asesores de ambos organismos, donde se discutirán los fundamentos jurídicos de las eventuales acciones que se entablarían.

“Esta presentación al CDE está basada en las anomalías que hemos detectado en la estructura misma del proyecto, con una serie de situaciones que no son muy apegadas a la legalidad. Nos preocupa mucho la situación pues consideramos que la instalación de un mall va a coartar nuestro desarrollo como trabajadores del ámbito marítimo portuario”, afirmó Hugo Montes, secretario de la Federación de Trabajadores Portuarios y miembro de la Asamblea Ciudadana, agregando que no hubo instancia para hacer anteriormente esta petición judicial

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