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25 de Febrero de 2013 Autoridad Marítima de Panamá frenaría licencias a empresas marítimas Sin requisito compañías que ya han hecho inversiones no pueden prestar servicios

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Más de 20 compañías dedicadas al servicio de barcazas para transportar combustible, lanchas y remolcadores tienen varios meses –y en algunos casos hasta un año– esperando respuesta de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a las solicitudes de licencias para poder operar.

Las empresas, afiliadas a la Cámara Marítima de Panamá, han hecho inversiones en infraestructura, pero no pueden prestar servicios porque la AMP no responde las solicitudes, afirmó el presidente del gremio, Willys Delvalle.

“A las empresas no se les aprueba ni rechaza las solicitudes, lo que ha creado una incertidumbre entre los inversionistas, porque no pueden trabajar”, afirmó.

Se conoció que recientemente una comisión de la Cámara Marítima visitó a las autoridades de la AMP para buscarle una salida a la demora, aparentemente injustificada del proceso, pero no hubo respuesta.

Algunas resoluciones ya están redactadas y sólo esperan la firma de la Dirección de Asesoría Legal de la AMP, pero ésta no resuelve, dijeron algunos de los afectados, que prefieren mantener su nombre en reserva al tener solicitudes vigentes.

Ya las solicitudes de ciertas licencias cumplieron con el proceso de entrega de documentación, revisión e inspección y solo esperan la aprobación de la oficina legal, que dirige Carlota Mattos, indican.

Durante las últimas cuatro semanas este diario ha intentado contactar vía telefónica a Mattos para concretar una entrevista sobre la inquietud del gremio marítimo, pero la funcionaria dijo que no podía atender la solicitud en ese momento.

Durante este período se le enviaron varios correos electrónicos para obtener su versión sobre este caso, pero tampoco hubo respuesta.

“Lo que la cámara como gremio quiere es que haya una normalización en el otorgamiento de las licencias. Que la mora que hay actualmente sea resuelta”, afirmó Delvalle.

El gremio empresarial, que reúne a más de 180 compañías de diferentes actividades marítimas, también hizo todas las gestiones ante la AMP, pero las solicitudes siguen sin resolverse, añadió Delvalle.

Algunos empresarios que hablaron con el compromiso de no ser citados aseguraron que es la primera vez en el período democrático que se ha producido un estancamiento en los procesos de aprobación de solicitudes de las empresas en la AMP.

Menos ingresos

Al no aprobar nuevas licencias se afectan las recaudaciones de la AMP, porque la institución deja de percibir dinero producto de las tarifas que paga cada concesionario nuevo, advirtieron.

Por ejemplo, según el régimen actual, una barcaza debe pagar mil 500 dólares mensualmente como tarifa para proveer combustible a las embarcaciones.

Según cálculos de fuentes vinculadas al sector, la AMP puede haber dejado de percibir hasta un cuarto de millón de dólares en un año por no aprobar la operación de nuevas empresas.

Por otro lado, y más grave aún, dijeron que con esta postura se favorece a los operadores existentes, se limita la competencia y se ocasiona un gasto a las empresas solicitantes, que se han instalado en el país y han realizado inversiones, considerando que cumplen con todas las reglas para participar en el negocio marítimo.

“Muchas de las nuevas compañías están cargando con los gastos de planilla, aunque no estén prestando servicios debido a que no tienen la licencia”, dijeron los empresarios.

A algunas empresas que se les venció la licencia se les estaban aprobando permisos temporales por un mes, sistema que genera inestabilidad, porque no es garantía para ningún inversionista, explicaron.

Se podría estar ante un caso de violación a la seguridad jurídica de las empresas que han confiado en hacer inversiones en el país y no han podido desarrollar su negocio, porque el Estado a través de la AMP ha frenado el proceso, dijo un abogado.

Esto contradice la política de invertir en Panamá que vende el presidente de la República Ricardo Martinelli en el exterior y se convierte en un engaño para muchos inversionistas, indicaron.

La resolución 27 del 21 de enero de 2008, que aprobó el reglamento para conceder licencias de operación de los servicios marítimos auxiliares, establece que las licencias de operación se otorgarán mediante resolución aprobada por el administrador de la AMP por un período de 10 años.

Aquí se incluye el transporte de combustibles, lubricantes y derivados del petróleo a través de naves, transporte de arena, recolección de desechos entre otras.

También dará licencia para empresas de operación de lanchas para el transporte de personas y mercancías, suministro a las naves de toda clase de vituallas para consumo de las naves, tales como víveres, agua, medicinas, piezas de repuesto, herramientas, productos de limpieza, entre otros.

Se indica que las licencias se podrán revocar en cualquier momento en que el proveedor de servicios incumpla las reglamentaciones que le sean aplicables.

Cuestionan a la AMP

Star Tankers es una de las pocas empresas que han recibido licencia de operación para servicio de combustible durante la presente administración, mientras que otras 20 compañías han esperado por más de un año el aval de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para participar en el negocio, sin que se les contesten sus solicitudes.

La compañía fue inscrita en el Registro Público de Panamá el 25 de enero de 2010 y a los pocos meses recibió la licencia para prestar los servicios de barcazas que abastecen de combustible a las embarcaciones que pasan por el Canal.

La junta directiva de esta empresa la preside Raúl Saint Malo, casado con Mariana Virzi, sobrina de Felipe Alejandro Virzi, socio del presidente, Ricardo Martinelli.

“La empresa recibió la licencia y ahora quieren monopolizar el servicio obligando a otras empresas a trabajar para ellos”, dijo Carlos Ernesto González De La Lastra, vinculado a la industria marítima y quien ejerció como secretario de la AMP durante la administración pasada.

La Cámara Marítima de Panamá, gremio que agrupa a más de 180 empresas dedicadas a diferentes actividades marítimas, cuestiona la gestión de la AMP que tiene en su despacho legal las solicitudes de licencias de una 20 empresas sin que las apruebe o rechace.

Tras varios intentos de este medio, Carlota Mattos, directora legal de la AMP, al ser consultada dijo que no recordaba la empresa Star Tankers, tampoco cuántas otras solicitudes habían aprobado durante la administración Martinelli, ni cuántas estaban en espera.

Con esta estrategia, la entidad reguladora congela las solicitudes y evita que las compañías interesadas presenten una apelación o recurran ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dijeron fuentes consultadas, que prefieren reserva de su nombre.

Principalmente se congelan las solicitudes de las licencias para los servicios de barcaza, remolcadores y lanchas, con lo cual se evita que la AMP tenga nuevos ingresos, dejando la puerta abierta para que solo operen en el mercado pocas empresas.

Pero esta situación también afecta a las empresas que han instalado oficinas en Panamá o han invertido en equipos para prestar estos servicios pero no lo han podido hacer porque no tienen la licencia de operación.

El mercado de bunkering panameño moviliza cada año más de 3 millones de toneladas métricas de combustibles y la facturación supera más de 2 mil millones de dólares.

12 empresas prestan el servicio de transporte y suministro de combustible a las embarcaciones que pasan por Panamá.

Para el ex secretario de la AMP Carlos González de La Lastra, las licencias de operación en el área marítima fueron puestas en un reglamento de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en 2008 después de un análisis que hizo una empresa internacional que llegó a la conclusión de que en la actividad marítima había dos tipos de operación.

Asimismo, al detallar sobre la importancia en gestión de las licencias el funcionario considera que "unas actividades son similares a las licencias comerciales y otras que tienen que ver directamente con reglas de navegación circunscritas a tratados que ha firmado Panamá con la Organización Marítima Internacional. Por ejemplo, dar una licencia de operación para recoger basura en un puerto es como dar una licencia comercial. En el caso de la AMP, tenía que llenar una serie de requisitos de acuerdo a los temas de seguridad de los puertos y los arreglos de la Autoridad Nacional del Ambiente, situación que se convertía en burocrática. Las licencias en el sector marítimo se deben atender para quienes llenen los requisitos para ejercer una actividad en el sector como si fuera una licencia comercial."

Por lo cual, "a ello obedecería que la Dirección de Puertos se dividió en un área de industrias marítimas auxiliares, que corresponde a todos los servicios y otra área de puertos."

Ante lo anterior, González considera que "este gobierno ha distorsionado completamente el espíritu de la ley y las recomendaciones de los organismos internacionales. Se debe tener claro que está norma está vigente, como parte de la reestructuración que se hizo en 2008.

No sé si por ignorancia o por corrupción, obtener las licencias de operación se ha convertido ahora en una verdadera dificultad."

Fuente: Prensa, Panamá

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