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28 de Septiembre de 2009 Las problemáticas en infraestructura de Coquimbo Puerto y aeropuerto estancados en espera de su modernización

Pese al consenso mostrado en la modernización de los frentes de atraque y la materialización de una nueva terminal aérea, algunos movimientos ciudadanos no han dudado en recurrir a los tribunales para impedir su ejecución

Entre aguas tormentosas por un lado y turbulencias en altura por el otro, parecen transitar los proyectos de desarrollo más importantes de la Región de Coquimbo. Esto, pues la modernización del puerto de Coquimbo y la construcción del aeropuerto internacional de Tongoy concitan la aprobación de toda la comunidad en su fondo, pero no en su forma, la que todavía saca chispas cada vez que se debate.

Junto con el túnel de Agua Negra, que ha logrado notables avances estos años, ambas iniciativas serán el motor para conectar a la zona con el corredor bioceánico y el mundo.

Sin embargo, hay matices y divergencias en la manera en que se pondrá en valor ambas propuestas. Por ello, entidades ciudadanas, sociales y gremiales no han dudado en recurrir a los tribunales con el fin de alertar el perjuicio que sufrirán en caso de que se concrete, en primer término, un modelo de licitación portuario que entrega a un solo consorcio el control de los frentes de atraque y, por otro, dejar sin su principal conexión a una ciudad tan importante como La Serena.

Por lo mismo, este precedente legal marca un antes y un después, ya que no basta con que el Gobierno destine millonarios recursos para mejorar la infraestructura regional, sin que esté implícito el temor de que se retrase ejecución con argumentos legales.

Ataque sobre la bahía

La situación del puerto de Coquimbo es bastante particular, ya que es el único perteneciente a una de las diez empresas autónomas del Estado creadas desde la implementación de la Ley 19.452 de Modernización Portuaria en 1998, que no ha recibido inversiones, las que se calculan en US$230 millones. Esto, pese a los intentos del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y del directorio por llevar a cabo un proceso de de concesión.

Pero hay un factor que explica por qué después de dos años no ha habido cambios. La aparición del Movimiento de Defensa por Coquimbo, integrado por reconocidas personalidades como Marviola Rivera (Cámara de Comercio de Coquimbo), José Fernández (ex consejero regional), Carlos Oros (dirigente político), José Montoya (consejero regional), Osciel Velásquez (empresario pesquero) y Patricio Contreras (vicepresidente de la Federación Nacional de Marítimo Portuarios de Chile y presidente del sindicato de EPCO), ha sido la piedra en el zapato.

Ello, pues cuando el Ejecutivo dio la orden comenzar de una vez por todas con el proceso, atendiendo la precariedad de los sitios 1 y 2 y la demanda creciente por un servicio eficiente y completo, el ente se hizo asesorar por abogados especialistas, quienes interpusieron un Recurso de Reclamación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), luego que éste recomendara la monooperación.

Como esa acción no cundió frutos, se recurrió al máximo órgano judicial del país, la Corte Suprema, donde se colocó un Recurso de Hecho, que buscaba "enmendar" el informe del TDLC incorporando los argumentos presentados por el sindicato.

Como este instrumento escapaba de las competencias directas de la Corte Suprema, se despachó al Tribunal Constitucional (TC), el que buscaría comprobar su legalidad. "No antes de tres meses habrá una respuesta, por lo que recién a fines de año la Suprema debería tomar conocimiento y decidir. El proceso se alargó, aunque es válido por la merma en la actividad, el empleo y la competitividad", acotó el presidente del sindicato, Patricio Contreras.

Este balde agua fría fue soportado estoicamente por la Empresa Portuaria, ya que por segundo año consecutivo se anulaban las intenciones de mejorar la infraestructura. "La Corte Suprema se pronunciará en los próximos días hábiles, pero no creo que se retrase la licitación. Si las cosas andan bien podría haber inversiones este año", señaló el presidente del directorio, Hugo Miranda, tras enterarse de la acogida del recurso.

Eso mismo pensó el gerente general de EPCO, Miguel Zuvic, quien agregó que "la modernización portuaria es necesaria y no valido que sean tres meses el plazo de espera". En todo caso, precisó que "esto (licitación) no va a avanzar hasta cuando todos los recursos (judiciales) presentados antes los organismos pertinentes se encuentren ejecutoriados".

Sin embargo, esa percepción cambió al someter a revisión la viabilidad en el TC. "Es evidente que no se puede avanzar. (Los recursos presentados) Estaban previstos en el proceso, así es que son los tribunales los que tienen que actuar (...) Sólo hay que esperar", declaró Hugo Miranda.

Y los dolores de cabeza parecen no acabarse, ya que entidades gremiales como Asonave, que reúne a las pequeñas y medianas empresas navieras, han entregado su respaldo para recurrir a instancias extranjeras. "Si se insiste en concesionar el puerto de Coquimbo bajo el esquema monooperador, no le quepa duda que el tema se va a judicializar y como en tribunales chilenos no se ha revertido estos procesos, estamos pensando seriamente en recurrir a cortes internacionales", explicó su vicepresidente ejecutivo, Carlos Manterola.

Esa arenga fue recogida por Marviola Rivera, quien reconoció que "(interponer acciones en tribunales extranjeros) es nuestro objetivo, pues no podemos permitir que tres mil personas se queden sin su fuente laboral".

Aterrizaje forzoso

A mediados de los noventa y con el natural incremento de la actividad aérea, se descubrieron falencias en los aeropuertos que antes no se consideraban. Una de ellas fue en La Florida, que con su habitual cortina de niebla posada sobre la losa, era la peor carta de presentación.

Por lo mismo, se acogió la idea de reubicar la terminal en un sitio donde hubiese mejor condición climática y se pudiera ampliar el servicio a vuelos de cabotaje y extranjeros.

Fue así como La Serena comenzó la cuenta regresiva. Si bien la concesión caducaba por esos años, se renovó ante la indecisión de trasladar la nueva plataforma aérea a Tongoy, el que presentaba óptimas condiciones para su operación. Esa vez la resistencia serenense bastó.

Pero con la entrada de la administración de Ricardo Cifuentes en 2006, se reflotó la idea, que pronto contó en la cooperación del Ministerio de Obras Públicas. Otra vez, en las trincheras de Avenida de Aguirre, Brasil, Los Carrera, Cordovez y Prat se encendieron las luces de alerta.  

Eso sí, desde el MOP se dio la señal que no habría la misma condescendencia y el ministro Sergio Bitar aseguró tajante que "el aeropuerto de Tongoy va sí o sí". Pero hay que apurarse porque no hay margen de error, debido a que el 8 de enero de 2013 vence la concesión de La Florida.

Así comenzaron las expropiaciones. Sin embargo fue allí donde más problemas se han presentado. El Comité de Defensa del Aeropuerto de La Florida, que reúne a personalidades ligadas a RN como Marcelo Castagneto y Jorge Hurtado, instaron a los propietarios de las pertenencias mineras a que presenten un recurso de protección para detener el proceso. "Habrá una severa merma en la operación minera, pues más adelante se les impedirá extraer productos, así es que este proyecto se debe parar en los tribunales antes que sea demasiado tarde", explicó Castagneto.

César Alegría, dueño de algunas concesiones y de Minera Alegría -que elabora carbonato de calcio- no descartó acciones legales. "Tarde o temprano se va a impedir producir. Nadie se me ha acercado a hablar, así es que el tema de las pertenencias lo estoy viendo con los abogados".

La cola legal ya está haciendo trastabillar las intenciones de desarrollo regional y tal como en materias civiles y penales, habrá que esperar a que la Señora Justicia decida.

Fuente: Diario El Día, La Serena

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