Esa frase trillada "mide con la misma vara" que puede decirse tiene impronta bíblica, la tomamos prestada para proponer una hipótesis vinculada con la gestión portuaria. En esta línea, la premisa radica en que las mismas reglas de juego se deberían aplicar a todos los operadores portuarios dentro de un sistema portuario, sin excepción, para que el sistema sea coherente, previsible y seguro; y esto implica expulsar del sistema la "doble vara para medir". Plantea el abogado, árbitro y profesor de Derecho Marítimo, José Antonio Pejovés.

Según señala, cuando hablamos de sistemas portuarios, generalmente nos referimos a una articulación abstracta de personas, infraestructuras y normas. Explica al respecto que en los sistemas modernos, las autoridades portuarias -en el sentido amplio del término- supervisan la industria con las normas que resultan aplicables a las actividades y los servicios portuarios provistos por personas -llámese empresas- en torno a infraestructuras portuarias integradas por obras tales como muelles, molones, espigones, patios de contenedores, silos, edificios; y por equipamiento portuario como grúas pórtico, grúas móviles, reachstackers, fajas o cintas transportadoras, entre otros.

“No resulta ajeno asociar los sistemas portuarios a los modelos de gestión de infraestructuras y servicios, la gestión o administración de eso que algunos llaman el "hardware" y "software" portuarios. Si de modelos de gestión se trata, sabido es el reconocimiento de los esquemas "service public port", "tool port", "landlord port" y "private service port", cada uno con sus matices propios en cuanto a la titularidad de la infraestructura y la explotación, y la asunción de riesgos. No es el caso en esta oportunidad referirnos a la naturaleza de cada uno de esos esquemas porque sobre ello existe abundante literatura especializada fácilmente ubicable en Internet”, apunta el abogado. 

En cambio, señala como interesante deslizar una hipótesis sobre la coherencia que debería radicar en todo sistema portuario. “Cuando me refiero a la coherencia del sistema, lo hago también a la coherencia del modelo de gestión. Desde la perspectiva de la administración pública y desde la posición de los operadores portuarios y de los usuarios de los servicios portuarios, es comprensible que se busque que los sistemas estén dotados de normas consistentes, es decir de leyes especiales en materia portuaria y de reglamentaciones que ofrezcan seguridad jurídica tanto para lo que atañe a los procedimientos administrativos ante las agencias estatales como en lo concerniente a las relaciones jurídicas y comerciales entre operadores portuarios, operadores logísticos, proveedores y usuarios”.

En este contexto, explica, los sistemas portuarios deberían intentar ser lo más ortodoxos posible. “Mejor dicho, los responsables de los sistemas portuarios, que no solo son las agencias gubernamentales sino también los particulares, deberían poner sus esfuerzos para consolidar el principio de unidad de gestión administrativa que debería primar en todo sistema portuario, de tal modo que se simplifique la tramitología, o los procedimientos para la obtención de títulos habilitantes ya sea para explotar infraestructura o para prestar algún tipo de servicio portuario. Mientras menos agencias u organismos públicos, tengan competencias y funciones en materia portuaria, y estas estén más concentradas, mayor coherencia habrá en el sistema portuario, porque se dispondrá de un port community system más consolidado y unas ventanillas únicas más eficientes y menos dispersas”, señala Pejovés.       

El abogado plantea que un sistema portuario heterodoxo, en el cual son aplicables procesos con distintas reglas para diseñar, construir y operar terminales portuarias de uso público, se aleja de la consistencia, pues en lo posible debería existir un solo modelo para que las empresas privadas puedan acceder a concesiones de áreas acuáticas para desarrollar proyectos de infraestructura portuaria, enmarcados en esos procesos que globalmente han resultado ser muy exitosos como lo son las asociaciones público privadas (APP). 

En ese sentido, analiza, no parece coherente que, para pretender un mismo objetivo, como es ofrecer servicios portuarios prestados o provistos desde infraestructuras, existan dentro del mismo sistema diversas vías con reglas de juego diferentes. “Si existen puertos o terminales portuarias de uso público, todos deberían someterse a las mismas reglas -la misma vara- en cuanto al pago de la retribución o canon por uso del área acuática o de la infraestructura concesionada; en lo concerniente al establecimiento y fijación de los montos de las tarifas portuarias; o en lo relativo a los accesos si se asume que determinadas infraestructuras portuarias resultan ser facilidades esenciales; y las mismas agencias estatales que regulan o supervisan las actividades portuarias y el cumplimiento de los pliegos y los contratos de concesión, deberían ser las que interactúen con un solo paquete de reglas con los operadores portuarios y con los usuarios”, señala.

Prácticas reñidas con la libre competencia

El abogado sostiene que la heterodoxia, algunas veces no es eficiente, y esto es comprobable y parece ocurrir en los sistemas portuarios -o si se quiere en la industria portuaria-. “Esa heterodoxia puede generar prácticas reñidas con la libre competencia -especialmente con la llamada competencia interportuaria-, puede incentivar perversamente la competencia desleal; y la dispersión competencial en la administración pública puede generar sobrecostos ligados a la lentitud en los procedimientos administrativos y en la toma decisiones, que luego pueden generar actos reñidos con la transparencia y la legalidad”.

“Es fabuloso que haya inversiones directas de diversa magnitud y origen en un sistema portuario, pero es válido poner en relieve las causas reales u objetivas que en una coyuntura determinada pueden motivar esas inversiones. La apuesta por la coherencia de los sistemas portuarios parte por modernizar las normas portuarias, con el objeto de consolidar la institucionalidad y de garantizar la seguridad jurídica de todos los actores de la cadena logística y de transportes, así como de los operadores del comercio exterior e interior”, expone el abogado.   

“Mis votos por la coherencia y la ortodoxia en los sistemas portuarios”, concluye.

Por MundoMarítimo