La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el marco legal que sustenta la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, operados por la filial local de CK Hutchison, Panamá Ports Company (PPC). La decisión “anula un contrato para que el holding basado en Hong Kong opere ambos puertos en cada extremo del Canal de Panamá” y concluye que “los términos bajo los cuales CK Hutchison opera los puertos (…) son inconstitucionales”, según informaron fuentes cercanas al tribunal. Con ello, se activa el proceso para la salida del operador y se abre un periodo de transición en instalaciones clave para el comercio global.
El fallo —anunciado en un breve comunicado del órgano judicial— llega en un contexto de alta presión política. Para los magistrados, la presión política fue significativa, ya que las operaciones portuarias pusieron a Panamá en el centro de la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. La controversia se intensificó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump señalara que las infraestructuras de capitales chinos alrededor del canal era una amenaza a la seguridad: “China está operando el Canal de Panamá, y no se lo dimos a China”, dijo en el discurso inaugural de su segundo periodo presidencial.
Transición operativa
CK Hutchison no puede apelar, pero sí solicitar aclaraciones que podrían retrasar la terminación de su licencia. Una vez revocada, el gobierno de Panamá buscará desde ya asegurar la continuidad de las operaciones. El presidente José Raúl Mulino anunció que el Estado negocia con APM Terminals, unidad de A.P. Moller-Maersk, para administrar los puertos de manera interina. “Nuestros puertos son uno de los pilares estratégicos de la economía nacional y un eslabón clave para el comercio internacional”, afirmó Mulino.
Según Bloomberg, PPC continuará operando “hasta que concluyan los procedimientos”, tras lo cual APM Terminals asumiría “hasta que se licite un nuevo contrato ‘a través de un proceso abierto que defienda los intereses de Panamá’”. Mulino instruyó a la Autoridad Marítima a reunirse con la concesionaria y expresó su esperanza de que “todas las partes colaboren abiertamente en este proceso”.
Reacciones del mercado y de las partes
El mercado reaccionó de inmediato: las acciones de CK Hutchison cayeron entre 4,75% y 5,7% en Hong Kong, su mayor descenso desde abril. La compañía sostuvo que el fallo “socava la reputación de Panamá como un lugar confiable para hacer negocios” y que su contrato fue producto de una “licitación internacional transparente”. En su comunicado, PPC aseguró que la decisión “es incompatible con el marco jurídico pertinente” y “carece de fundamento jurídico”, además de ser “diametralmente opuesta a fallos que ya ha emitido la Corte Suprema respecto a contratos similares”.
PPC destacó que, en 28 años, invirtió “más de 1.800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano”, generando miles de empleos y consolidando a Panamá como hub logístico. Advirtió que el fallo “pone en riesgo (…) el bienestar y la estabilidad de miles de familias panameñas” y reiteró que se reserva “todos los derechos (…) incluyendo recurso a procedimientos legales e internacionales”.
Desde Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que “China tomará todas las medidas necesarias para proteger firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas”.
La cuestionada extensión de contrato
La demanda fue presentada por abogados privados y por el contralor de Panamá Anel Flores, quien alegó que la extensión del contrato costó al país “más de 1.000 millones de dólares en ingresos fiscales perdidos” y careció de aprobaciones. Una auditoría gubernamental estimó hasta “1.300 millones de dólares” en ingresos no percibidos desde fines de los noventa.
Los puertos forman parte de un plan de desinversión global de CK Hutchison: la venta de 43 terminales a un consorcio liderado por BlackRock y Mediterranean Shipping Co. (a través de su brazo portuario Terminal Investment Ltd.), operación que China objetó e intentó condicionar con la entrada de Cosco. Analistas prevén un impacto en la valoración: “El fallo de Panamá recortará la valuación y los ingresos del acuerdo”, señaó Denise Wong, de Bloomberg Intelligence.
Implicancias geopolíticas
Para John Feeley, exembajador de EE. UU. en Panamá, “es un revés diplomático para China, pero no un revés económico”, ya que los embarques chinos seguirán usando el canal y el fallo no afecta su operación. Carlos Ruiz-Hernández, ex vicecanciller, indicó que “Estados Unidos tenía la noción de que los chinos estaban más cerca del canal de lo que realmente estaban”.
El caso se inscribe en una tendencia más amplia. “Hay una larga lista de precedentes donde los Estados recuperaron el control de puertos y otras infraestructuras”, señaló Winston Ma, de la Universidad de Nueva York. En palabras de Gary Ng, de Natixis, el episodio “refleja la dirección de política (…) con énfasis en la seguridad”, y anticipa que “la geopolítica será un factor aún más crítico” en el mercado.
Por MundoMaritimo
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