La implementación de las modificaciones introducidas por la Ley N° 21.774 de Fomento a la Marina Mercante debería incorporar mecanismos para medir periódicamente sus efectos sobre la flota nacional, el empleo marítimo, los costos logísticos y la conectividad, además de acciones concretas para fortalecer la formación de oficiales y tripulantes chilenos. Así lo planteó la Liga Marítima de Chile en el marco de la consulta pública del reglamento que prepara el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para adecuar la normativa a los cambios legales que amplían la participación de naves extranjeras en determinadas operaciones de cabotaje.
Las modificaciones establecieron nuevas excepciones a la reserva de carga y cambios en las condiciones bajo las cuales determinadas naves pueden ser reputadas como chilenas.
Para el presidente de la Liga Marítima de Chile, Edmundo González, el desafío ahora está en cómo estas disposiciones serán implementadas. “Esto ya está establecido en la ley, pero resulta preocupante que en la propuesta de reglamento no se tomen los resguardos que permitan mantener y fortalecer las capacidades marítimas propias que actualmente tenemos como país”, señaló.
Formación y disponibilidad de dotaciones
Uno de los principales planteamientos apunta a definir mecanismos para la formación y certificación de oficiales y tripulantes nacionales.
La Ley N° 21.774 establece que el Estado deberá promover y fomentar su formación de acuerdo con las necesidades de la industria, aspecto que, según la organización, debería quedar claramente desarrollado en el nuevo reglamento.
La materia cobra especial relevancia ante las condiciones que permitirán que determinadas naves operen con tripulaciones extranjeras durante un período de hasta cuatro años antes de incorporar dotaciones completamente chilenas.
“Creemos necesario que este reglamento incorpore acciones concretas de formación y certificación, de manera que, llegado el momento de incorporar dotaciones nacionales, existan trabajadores chilenos preparados para ocupar esas plazas”, sostuvo González.
Asimismo, se propone precisar los criterios para determinar cuándo existe “escasez de oficiales y tripulantes chilenos”. La Liga plantea que dicha condición debería establecerse mediante parámetros objetivos, públicos y verificables, debido a su incidencia en la utilización de dotaciones extranjeras y en las capacidades futuras de la Marina Mercante Nacional.
Medición de efectos de la “Ruta de Salida”
Otro de los puntos planteados se relaciona con la denominada “Ruta de Salida”, mecanismo que permitirá a determinadas naves extranjeras efectuar transporte entre puertos chilenos durante su salida del país.
Frente a esta modalidad, se propone establecer un sistema periódico de seguimiento que permita determinar su impacto efectivo sobre los operadores nacionales. “Creemos que se vuelve necesario que la autoridad implemente un sistema de medición periódico que mida los efectos de este nuevo régimen sobre la flota nacional, el empleo marítimo, costos logísticos, participación de naves extranjeras y, evidentemente, conectividad”, explicó González.
El planteamiento considera que las condiciones competitivas pueden ser diferentes para aquellas naves extranjeras cuyos principales costos operacionales ya se encuentran asociados a servicios internacionales antes de efectuar operaciones de cabotaje dentro de Chile.
Atención especial al sur austral
La propuesta también plantea incorporar una evaluación específica de los efectos del nuevo régimen en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, considerando sus características de conectividad y su relevancia estratégica.
Entre los factores que, según la organización, deberían formar parte de este análisis se encuentran la conectividad marítima, el desarrollo portuario, las capacidades nacionales y la proyección antártica.
En este contexto, González sostuvo que el fortalecimiento de una flota mercante nacional debe analizarse también desde una perspectiva estratégica. “Chile necesita una Marina Mercante propia, aunque mantenerla tenga un costo, porque su valor estratégico para el país es mayor que ese costo”, señaló. Añadió que cualquier política destinada a incrementar las capacidades de los trabajadores marítimos debería definir claramente “quién capacita, bajo qué estándares, quién fiscaliza y quién se hace responsable”.
A juicio de González, uno de los indicadores para evaluar los resultados de la modificación legal y su reglamento será su capacidad de traducirse en un mayor número de naves de bandera nacional y una mayor participación de marinos chilenos.
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