La inesperada derrota judicial sufrida en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, hizo que ATI y el FCAB reconsideraran los escenarios futuros para sus proyectos de construcción del galpón y de traslado ferroviario de concentrado de cobre desde Minera Sierra Gorda al puerto.
Desde aquel episodio, en las empresas se ha comenzado a hablar de la posibilidad que las apelaciones presentadas en la Corte Suprema contra el fallo que anuló las resoluciones de calificación ambiental de sus proyectos, puedan ser rechazadas por el tribunal de Santiago, situación que las dejaría en un incómodo escenario, pues ambas compañías ya han realizado potentes inversiones.
ATI, según han informado sus propios ejecutivos, tiene su proyecto detenido con un 70% de avance y decenas de millones de dólares invertidos.
El ferrocarril, a su vez, ya compró los 24 vagones herméticos que planea emplear en el traslado del material desde la faena al galpón en el puerto, los cuales llevan meses estacionados en sus patios.
Demandas
El camino que ambas empresas están estudiando en caso de perder el juicio es demandar al Estado por los daños económicos que sufrirían.
Así lo advierte la propia ATI en la apelación presentada ante el máximo tribunal del país. En el Título V del escrito elaborado por los abogados de la concesionaria, se expresa que la confirmación del fallo “conduciría a un daño indemnizable por la defraudación a la confianza legítima en el actuar del Estado y por las repercusiones económicas que afectarían directamente a la empresa”.
La compañía expone a la Suprema que el fallo de primera instancia que anuló los permisos ambientales del galpón hace peligrar una inversión de US$ 48 millones y la vigencia de 36 contratos con diversas empresas constructoras.
Según la concesionaria, el proyecto en su minuto se sometió a evaluación "ante todos los estamentos y autoridades sectoriales pertinentes”. Por eso estima que frente a un fallo contrario “será procedente que la Administración se responsabilice asumiendo, por de pronto, los costos que se siguen de dejar sin efecto las RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) por ella antes pronunciadas".
Más clara es la posición asumida por el FCAB, la cual fue expresada por su gerente general, Miguel Sepúlveda.
El ejecutivo explicó que la ley chilena contempla la posibilidad de demandar cuando una parte se siente afectada o perjudicada por el accionar de uno de los órganos de la administración del Estado. “Si se confirma que nuestra RCA queda sin efecto, sería por una causa no imputable a nosotros y eventualmente nos veríamos impedidos de hacer un negocio legítimo. Quien nos compensa por esto", manifestó Miguel Sepúlveda.
En el caso del FCAB, la inversión realizada en la compra de los vagones herméticos supera los US$30 millones.
Resta aún conocer la posición que asumirá Minera Sierra Gorda, empresa que también podría verse afectada por el fallo de la Suprema y que, al igual que el ATI y el FCAB, tiene la opción de demandar.
Reacciones
El abogado Jaime Araya, quien defenderá en Santiago la ratificación del fallo de primera instancia, explicó que los anuncios de ATI son “bastante amenazantes" y no se sustentan ni en su forma ni en su fondo. “Me parece que no corresponde endosar al Estado la responsabilidad del incumplimiento propio", dijo.
Araya también señaló que quienes realizaron el procedimiento de evaluación inadecuado fueron la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Antofagasta, y las tres empresas involucradas, pero de ninguna forma el Estado.
Cautela
Por su parte, el nuevo seremi de Medio Ambiente, Ramón Arestegui, fue más cauteloso frente a eventuales demandas y sólo manifestó que las empresas tienen derecho a emplear los canales legales que estimen convenientes.
“Yo prefiero que esperemos el fallo de la Corte Suprema. Este es un tema que está en manos de la justicia. Por tanto, estamos atentos a lo que se resuelva”, comentó Arestegui.
Medio Ambiente fue una de las carteras más cuestionadas a raíz de la aprobación inicial de los proyectos.
Fuente: El Mercurio, Antofagasta
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