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21 de Octubre de 2011 Abogados de organizaciones del puerto de Valparaíso recurren al CDE Anuncian acciones civiles contra el Mall en el puerto

Representantes de Asamblea Ciudadana y Coordinadora de Ciudades Puerto presentaron informe de derecho, donde se detectaron irregularidades en el contrato entre EPV y el Grupo Plaza. Preliminarmente estimaron en US$ 80 millones el perjuicio al Fisco.

Tras organizar una jornada informativa y una marcha ciudadana, el pasado martes organizaciones ciudadanas, sociales y empresariales –agrupadas en la Asamblea Ciudadana de Valparaíso y la Coordinadora en Defensa de Ciudades Puertos-, hicieron una presentación en el Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitando al organismo hacerse parte de la revisión del contrato celebrado en 2006 entre la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y el Grupo Plaza, para construir un mall en el sector de Barón.

En la oportunidad, el abogado procurador fiscal (s) Rodrigo Herrera solicitó a los dirigentes de estas entidades hacer llegar todos los antecedentes sobre el polémico y resistido caso, y convocó a los abogados representantes, a fin de discutir jurídicamente si procedía que el CDE se hiciera parte. Pues bien, este lunes 17, desde las 16 horas se llevó a cabo este segundo trámite.

El abogado del organismo recibió a Carlos Manterola, de la Coordinadora de Ciudades Puerto, y a sus colegas Edgardo Reinoso, Mario Zumelzu, Edgardo Piqué, Cecilia Schlack y Pablo Andueza, representantes de comerciantes, sindicatos, asociaciones gremiales y ciudadanas de Valparaíso, quienes entregaron un informe de derecho para complementar la presentación previa. En sus más de 50 carillas, el documento analiza exhaustivamente el contrato entre EPV y el Grupo Plaza, detectando una serie de irregularidades que –a su juicio- ameritan la comparecencia del CDE.

“El sentido de esta reunión fue entregar la mayor cantidad de antecedentes y anunciar el ejercicio de acciones judiciales en los próximos días, que tienen por objeto explicar de la mejor manera posible que el contrato de concesión adolece de serios vicios jurídicos. Pensamos que en algunos casos existen antecedentes relevantes que pueden dar origen a una responsabilidad penal”, señaló Edgardo Reinoso, uno de los presentantes, quien manifestó sus dudas porque aún el proyecto no comienza a materializarse. “Pensamos que aquí se estaba esperando la prescripción”, lanzó.

Irregularidades

Uno de los principales aspectos discutibles en el contrato y que detectaron los abogados, dice relación con un “subsidio oculto” que no se contemplaba en las bases de licitación y que es el pago de US$ 21,5 de parte de EPV al Mall Plaza para la mantención de obras públicas obligatorias.

“Se trata de dos plazas y un paseo que no cuestan más de 300 millones de pesos, pero donde el Estado le paga a una empresa de retail, en realidad por construir el mall, un monto que equivale a mantener todos los espacios públicos de Valparaíso por 40 años”, señaló Mario Zumelzu, autor del informe, quien estimó en unos US$ 80 millones el perjuicio total que la operación del proyecto causaría al Fisco.

Otra de las irregularidades señaladas al CDE es la opción de compra para el Grupo Plaza de un terreno de casi 3 hectáreas para la construcción de departamentos, por un precio fijo de 2,25 UF el m2, pudiendo el Estado –a través de EPV- llegar a recaudar un porcentaje en esa venta de departamentos por máximo de 9 UF por m2, según declaraciones hechas por el propio presidente de la portuaria.

“Ese paño de terreno no vale menos de 40 ó 50 UF el m2. Además, se está disponiendo de bienes públicos sin recurrir al trámite de la pública subasta, y a mayor abundamiento, la EPV está entrando a un negocio inmobiliario que es ajeno al objeto de empresa que define la Ley de Puertos”, agregó Zumelzu, quien se mostró confiado en que el CDE pudiera hacerse parte.

El abogado regional del CDE señaló que estudiará el informe entregado y todos los antecedentes del caso, sin embargo, sugirió a sus colegas agotar todas las instancias judiciales en primera instancia, antes de que el organismo pudiese intervenir. Los plazos venideros, no obstante, son breves: el 10 de noviembre prescribe el plazo para que cualquier ciudadano u organismo presente sus impugnaciones al contrato entre EPV y Mall Plaza.

Por tal motivo, este viernes –a nombre de los organismos ciudadanos, sindicales y empresariales- los abogados interpondrán una acción civil de nulidad del contrato en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, y en paralelo elevarán una solicitud a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre el respecto. Por su parte, también se acudirá a la Corte de Apelaciones para interponer un recurso de nulidad civil del contrato.

Finalmente, los profesionales adelantaron que otra de las gestiones será solicitar que se haga parte la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, mediante la formación de una comisión investigadora del cada vez más resistido vínculo entre EPV y el Grupo Mall Plaza.

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