La situación económica y social de Limón es trágica. La violencia, el crimen y el narcotráfico se han posesionado de gruesos sectores de la provincia. La pobreza y el desempleo la abaten, a la vez que cohabitan con el dinero mal habido y los privilegios más insultantes. La institucionalidad retrocede y la indiferencia y el miedo, que atenazan la voluntad, se enseñorean de la gente de bien, aun de quienes, por su posición y autoridad, deberían levantar la voz y apoyar las propuestas en bien de la provincia.
El Poder Ejecutivo no ha abandonado la provincia de Limón. Sin embargo, los proyectos para abrir ventanas de esperanzas en el campo laboral y económico han sido rechazados por una dirigencia sindical prepotente, al amparo de una convención colectiva negociada y aprobada en el pasado en forma irresponsable. Hoy se recogen los frutos más amargos. El Estado se esfuerza en negociar y transar con los dirigentes sindicales aun los proyectos para modernizar y salvar el funcionamiento de los muelles, cuyo deterioro ha afectado seriamente la exportación y la importación de mercaderías. Una minoría sindical entorpece, sin embargo, todo intento de progreso.
Conforme avanza el tiempo, Panamá capta el transporte marítimo por Limón, y este puerto está condenado a reducirse a su mínima expresión. Su situación es insostenible. Los usuarios costarricenses pagan $40 millones anuales en multas por atrasos en la atención de barcos en el Caribe. Un buque en Limón se atiende en 38 horas, 16 más que en el resto del Caribe. Los grandes proyectos viales de Panamá y la finalización de la Costanera sur atraerán la mercancía nacional hacia puertos panameños, más eficientes y menos costosos.
El proceso de modernización del subsector portuario nacional en la vertiente del Caribe y creación de las comisiones interinstitucionales para su implementación, ordenado el 13 de febrero del 2008, es de importancia estratégica. La realización del plan maestro de desarrollo portuario para el complejo portuario Limón/Moín, que determinó las necesidades de infraestructura fundamentales hasta el 2030, no puede tardar más. Para tal fin y para no causar daños irreparables a Limón, el Gobierno presentó a la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, en octubre pasado, una propuesta de cambio de modelo de gestión, mediante una indemnización para 1.334 trabajadores fijos por $80 millones. El 20 de mayo pasado este monto se elevó a $137 millones, aunque un grupo de trabajadores solicitó más dinero. Esta es la última propuesta.
Cada trabajador recibirá, según el número de años trabajados, sumas muy elevadas, sin parangón en la historia del país, que les aseguran sobradamente su futuro y el de su familia, y el 20% de ellos (300) será trasladado por el Gobierno a otras instituciones públicas, pero seguirán devengando el salario completo de Japdeva hasta pasar a formar parte de la planilla del concesionario, que será cubierto por el Ministerio de Hacienda. Serán pagados $86 millones por el eventual concesionario y $51 millones por el Estado. Se trata, como se ve, de privilegios inauditos que solo demandan la contraprestación patriótica y justa de no entorpecer por más tiempo los proyectos orientados a beneficiar a la depauperada provincia de Limón y de ponerla en la senda del desarrollo.
Sin embargo, como era de esperar, dada la mentalidad de unos pocos dirigentes sindicales en Japdeva, esta propuesta se desechó sin ningún estudio previo. Por quinta vez estos dirigentes dicen que no y, además, se envanecen del daño enorme que les están causando al país, a Limón y a sus propios compañeros de trabajo. Se trata de una combinación de paranoia ideológica y de miedo. Cuarenta empresas están interesadas en la concesión del puerto. Una de ellas, de las mayores portuarias del mundo, estima que el complejo portuario de Limón podría ser el más grande del mundo en cuanto al manejo de carga refrigerada.
Este no es, pues, un proyecto exclusivo del Gobierno, sino del país. Si no hay razón alguna para que los dirigentes sindicales se opongan, cabe preguntarse a qué intereses están sirviendo. ¿Quiénes temen esta transformación del sistema portuario de Limón? De aquí la necesidad democrática, técnica y moral de que sean los trabajadores los que decidan, en forma libre y democrática, mediante votación secreta, sin la represión y la persecución de los dirigentes sindicales, y con la presencia y acción de un tribunal imparcial. Este es el sentido real de la participación democrática. Es hora, por ello, de que las fuerzas vivas de Limón, las autoridades religiosas, los empresarios, los profesionales y la sociedad civil dejen su letargo y salgan por los fueros de la libertad de los trabajadores y de la liberación de esta provincia del narcotráfico, de la criminalidad, de la violencia y de la pobreza.
Fuente: La Nación, Costa Rica
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