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24 de Octubre de 2016 Rol del sector público es determinante en el desempeño logístico Mediante la ejecución de políticas públicas que promuevan el sector

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“Para aprovechar mejor algunas de las recientes iniciativas de integración regional, como la Alianza del Pacífico, se necesita reforzar la conectividad entre las economías latinoamericanas, elaborando políticas públicas logísticas”, señala un artículo de Ricardo Ernesto Partal, en el portal Inbound Logistic Latam.  

Según el experto, una de las definiciones más adecuadas para el concepto de “políticas públicas” es: “proyectos y actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública, con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad”.

Explica además que es imprescindible partir de las necesidades de los mismos grupos sociales a quienes van a ir dirigidas estas políticas públicas, “para poder llevar a cabo la implementación de proyectos reales, viables y sustentables, para lo cual se requiere de la participación de una variada gama de profesionales”.

Políticas pública logística

Al adentrase en lo que debe ser una política pública logística, apunta que la OCDE, en su informe anual, invita a los países de América Latina a mejorar su infraestructura, ya que la debilidad de los enlaces de transporte constituye un impedimento para el incremento de la productividad y la inclusión social en la región.

En ese sentido, el experto enfatiza que para aprovechar mejor algunas de las recientes iniciativas de integración regional, como la Alianza del Pacífico, se necesita reforzar la conectividad entre las economías latinoamericanas. Simultáneamente, la inversión en sistemas de transporte público contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la congestión urbana, aumentando la conectividad rural, mejorando con ello el bienestar, y mitigando las desigualdades.

Consigna que de acuerdo al BID: “Si bien la logística es una actividad fundamentalmente privada, el rol del sector público es decisivo, ya que define las condiciones en las que operan los privados, genera una institucionalidad y define prioridades de acción e inversión en el sector de la logística de carga”.

Añade que de acuerdo con el experto internacional, Yossi Sheffi, “la institucionalidad pública” impacta en la gestión logística, pues provee la infraestructura de transporte, controla el uso del suelo, ofrece incentivos directos e indirectos para promover la inversión en activos por parte de las empresas en una localización, provee bienes públicos intangibles o servicios como la educación, controla la regulación comercial, las tasas de impuestos, reglas de inmigración y las políticas ambientales del país.

Además plantea que “el carácter transversal de la logística plantea a los actores públicos el desafío de coordinar las acciones de organismos públicos cuya organización ha tenido, tradicionalmente, un sesgo sectorial”. Se debe además,  sumar la necesidad de alinear iniciativas con el sector privado, e incorporar su visión sobre los desafíos y prioridades de la agenda.

Según el experto, se debe incorporar también la idea de que la logística de carga es de carácter nacional, pues la competitividad de una economía se mide a nivel país; sin embargo, muchas acciones importantes son de nivel sub-nacional: mejora de accesos terrestres y procedimientos en puertos, libramientos (by-passes) urbanos, logística urbana de distribución de mercancías, o desarrollo de plataformas logísticas y centros multimodales.

De acuerdo a la OCDE, “la formulación de políticas atraviesa por un momento crucial. Sin una acción colectiva que adopte medidas integrales y coherentes persistirá un crecimiento lento y decepcionante, dificultando cada vez más cumplir lo prometido a las generaciones presentes y futuras” (OCDE).

Por ello, además de su carácter multisectorial, la agenda logística tiene una dimensión jurisdiccional amplia que requiere desarrollar instituciones y mecanismos de coordinación eficientes. Varios países han avanzado en este sentido; un actor preponderarte es el Banco Interamericano de Desarrollo.

Elementos comunes en estos procesos son: “la creación de espacios de diálogo con el sector privado, y de mecanismos para fortalecer la coordinación entre actores públicos”.

Efectos del déficit logístico

El déficit logístico encarece el precio de los productos y merma su potencial exportador. Por ello se requiere de una mayor inversión pública.

En el caso de América Latina, el déficit logístico merma de forma considerable el potencial exportador de la región. La falta de infraestructuras eficaces, la escasa coordinación logística, la ineficiencia de los procesos arancelarios y la falta de aprovechamiento de las tecnologías de la información, son los principales puntos débiles del sector, según  cita el Estudio sobre las capacidades logísticas de los países latinoamericanos (Informe sobre Perspectivas Económicas elaborado por la OCDE, Cepal y CAF).

Los costos logísticos en Sudamérica representan entre el 18% y el 35% del valor del producto frente al cercano 8% de los países de la OCDE. A nivel macro, mientras que en los países de la OCDE los costos de logística se sitúan alrededor del 9% del PIB, en América Latina y el Caribe están entre el 16% y el 26% del PIB.

Si la velocidad de la “Red de Valor” está dada por la “velocidad del eslabón más lento”, en este caso el Estado, la creación y la adecuada ejecución de Políticas Públicas Logísticas es un elemento vital para la competitividad de las redes de valor en América Latina y en el mundo.

Por MundoMarítimo

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