Domingo, 10 de Diciembre de 2017 | ISSN 0719-241X
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11 de Enero de 2010 Navieros piden reforzar el control en la Hidrovía Denuncian operación de naves que ya fueron retiradas de circulación en otros mercados

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El sector naviero paraguayo reclamó a las instituciones encargadas que refuercen  el control de la habilitación de las embarcaciones que usan la hidrovía. “Se volvió una práctica habitual que las navieras traigan unidades que ya fueron retiradas de circulación en otros mercados por vencimiento de su plazo de vida útil”, advirtieron.

Tal es el caso que se ha presentado con cerca de 40 barcazas de la multinacional Cargill Agropecuaria, últimamente y , meses atrás, con las flotas de las empresas UABL y Oceanpar,  que fueron denunciadas incluso por las autoridades bolivianas por su doble abanderamiento, hecho  que motivó incluso la intervención de la fiscalía guaraní.   

En lo atinente  a las embarcaciones de UABL y Oceanpar se había abierto una causa penal, impulsada por el abogado Alejandro Nissen, de la Unidad de Asuntos Internos (UDAI), del MOPC.   

Hubo denuncias de que a la multinacional Cargill Agropecuaria no le fueron habilitadas sus barcazas para navegar por la hidrovía.

A raíz de esa situación hicieron  cuestionamientos al MOPC, a la gestión de Efraín Alegre, denunciando  trabas burocráticas que frenaban la inversión en el país, así como exportación de la soja paraguaya. Incluso  pronosticaron pérdidas del Estado por 8.000 millones de guaraníes (cerca de US$2 millones).   

La Dirección de Asuntos Jurídicos del MOPC explicó que en el caso planteado  por Cargill  existe un dictamen en el cual se apunta la falta de cumplimiento de los requisitos legales de 39 barcazas de esa firma.

“La misma había solicitado la bandera paraguaya para sus embarcaciones, pero no cuenta, entre otros documentos, con el certificado de construcción de las barcazas”, dicen en Obras.   

La multinacional, a su turno, se quejó de que el proceso lleva ya casi nueve meses, y que el MOPC debió informarle de esas faltas con mayor celeridad.

El MOPC agregó  que el gremio de  astilleros y armadores de nuestro país manifestó su preocupación ante la práctica de habilitar barcazas de origen extranjero sin que las mismas cumplan  las exigencias de seguridad. “Estamos exigiendo, con todo el rigor de las normativas vigentes, los documentos que avalen la seguridad de los navíos que quieran contar con la bandera paraguaya”, dijo, en su oportunidad, el titular de la Asesoría Jurídica de la secretaría estatal, Abogado Juan Báez Infante.  
 
“Precautelar el principio de igualdad”   
   
“La exigencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 110 del Decreto Nº 5399/05 del Poder Ejecutivo, que regula la incorporación a la Matrícula Nacional y uso del Pabellón Paraguayo, busca precautelar el principio de igualdad de todos los actores económicos, garantizando así la libre competencia en el sector”, añadió.
   
Agregó que, en el caso de Cargill, en el expediente no obra la certificación de origen otorgada por la autoridad marítima y visada por el Consulado paraguayo, faltas que ponen en duda  que sus embarcaciones reúnan las condiciones de seguridad previstas en las convenciones internacionales.
   
“La prioridad del MOPC es hacer cumplir todos los requisitos que garanticen la seguridad de las barcazas antes de la concesión de bandera, pues si no se cuenta con esos requisitos se pone en riesgo la vida de los que operan las mismas y también existen riesgos de orden ambiental”, añadió.   

Sobre el  cuestionamiento que  Cargill está al día con sus impuestos y que aún así le imponen  trabas, dijo que “el acto administrativo de pagar impuestos es totalmente independiente de las exigencias para la habilitación de las barcazas, que hay normativas de carácter técnico que velan por la seguridad en el tránsito fluvial”.   

Valor en origen está en los US$ 200.000   

Según referentes del sector naviero, las barcazas usadas en los EE.UU son  vendidas en US$ 200.000 y que su traslado ronda los  US$ 80.000 que, sumados a los impuestos, podría hablarse de un costo cercano a los US$ 300.000, mientras que el valor de una nueva está en plaza en  US$ 400.000.   

Si se hace  el cálculo sobre la base del costo unitario de US$ 200.000, siempre y cuando las recurrentes no fuesen beneficiarias de la Ley 2050 (primera inversión), pagarían en concepto de IVA y cuenta administrativa (10% y 0,50%) una suma aproximada a US$ 21.500, a la cual se debe agregar lo correspondiente al canon informático, que es US$ 25, más reposición consular, que estaría en el orden de los US$100, explicaron.

Fuente: ABC (Paraguay)

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