El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, anunció que promoverá legislación que exima de las normas federales de cabotaje el transporte marítimo entre Estados Unidos y Puerto Rico de gas natural y otros combustibles.

Una segunda medida perseguirá que se flexibilice la transportación de carga a granel entre los estados y Puerto Rico, lo que puede beneficiar a los agricultores y ganadores de Puerto Rico.

Al reaccionar al informe que le rindió la Oficina de Contraloría de Estados Unidos (GAO, en inglés), Pierluisi sostuvo que el estudio demuestra que “las embarcaciones de bandera americana que se utilizan para transportar fuentes de energía, materiales agrícolas y otros productos de carga a granel no atienden debidamente las necesidades económicas de Puerto Rico”.

Al pedir la exención para el transporte marítimo de gas natural y otros combustibles, el objetivo, dijo Pierluisi, “será reducir el costo de la electricidad, mejorar la calidad del aire, y lograr que Puerto Rico sea un lugar más atractivo para residir y hacer negocios”.

En su informe, la GAO concluyó que las normas federales de cabotaje encarecen el transporte de productos entre Estados Unidos y Puerto Rico, pero advierte que liberar a la Isla del Caribe de sus requisitos atentaría contra el futuro de la Marina Mercante estadounidense.

“Debido a las ventajas en costo, la libre competencia para los barcos de bandera extranjera puede provocar la desaparición de la mayoría de las embarcaciones estadounidenses y de la industria de construcción y reparación de barcos que la ley quiere proteger”, indica la GAO.

Como suelen hacer ante el Congreso las empresas navieras y los sindicato, el documento de la GAO, en la práctica, asume la defensa de las normas de cabotaje que establece la ley Jones de 1920, que obligan a transportar productos entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico en barcos que son propiedad, fueron construidos y tienen matrícula estadounidense.

Reconoce, no obstante, que existe una deficiencia en la oferta de embarcaciones estadounidenses para transportar gas natural y petróleo refinado.

“Varios transportistas de estos mercados nos indicaron que frecuentemente no hay embarcaciones disponibles para ofrecer esos servicios”, indica el estudio de la GAO.

Coalición marítima no quiere cambios

La poderosa coalición empresarial-sindical de la industria marítima que defiende la vigencia en Puerto Rico de las normas federales de cabotaje no moverá un dedo a favor de que a la Isla se otorguen nuevas exenciones.

Aunque reconoce que se han otorgado exenciones especiales para el transporte de combustible, la Alianza Marítima de Puerto Rico descartó unirse al frente común que quieren impulsar el gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi para lograr exenciones especiales.

Tanto García Padilla como Pierluisi favorecen que se impulse legislación en el Congreso que exima a Puerto Rico de los requisitos federales para el transporte de derivados del petróleo, sobre todo gas natural, y productos a granel.

Bajo la Ley Jones de 1920, el transporte de productos entre los puertos de Estados Unidos y Puerto Rico tiene que hacerse en barcos que son propiedad, fueron construidos y son tripulados por estadounidenses.

No obstante, las autoridades boricuas consideran que el análisis de la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) sobre la vigencia en la Isla de ley Jones de 1920, que reglamenta el funcionamiento de la marina mercante estadounidense, abrió la puerta a pedir nuevas exenciones.

“No vamos a favorecerlo. No vamos a estar con ellos”, indicó el secretario de la Alianza Marítima, José F. Nazario, director del terminal de la empresa Crowley, que tiene el 31% del mercado de transporte entre puertos de Estados Unidos y Puerto Rico.

La Federación del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), por su parte, emitió una declaración escrita, en Washington, en la que señaló que  “en estos tiempos de alto desempleo en que los estadounidenses exhortan a sus funcionarios públicos a cambiar las leyes que han permitido la fuga de empleos al extranjero, la alteración de la Ley Jones que permitiría a empresas extranjeras entrar al mercado  puertorriqueño-estadounidense afectaría negativamente tanto a la economía de Puerto Rico como a la de Estados Unidos”.

La AFL-CIO es la más grande central de trabajadores en Estados Unidos, con un peso político tremendo dentro de las filas del Partido Demócrata de Estados Unidos.

En la Alianza Marítima de Puerto Rico, mientras, no sólo están representados los sindicatos de la AFL-CIO sino también las cuatro empresas navieras en la Isla: Crowley, Horizon Lines, Sea Star Line y Trailer Bridge.

Si por un lado los demócratas suelen ser solidarios con los reclamos de los trabajadores a favor de la AFL-CIO, los republicanos suelen escuchar a los dueños de las empresas navieras, que tienen sobre 70.000 empleos en Estados Unidos y unos 1.400 en Puerto Rico.

En la sesión legislativa federal 2009-2010, el influyente senador republicano John McCain (Arizona) presentó un proyecto de ley para derogar la Ley Jones de 1920 por entender que “afecta el libre comercio y favorece a las uniones laborales sobre los consumidores”.

La legislación, sin embargo, nunca fue considerada y sólo consiguió un coauspiciador en una cámara de 100 senadores.

Tanto las empresas navieras como la AFL-CIO reclaman como un triunfo que el informe de la GAO indique que los precios de los productos en Puerto Rico no se pueden atribuir exclusivamente a las tarifas de las navieras estadounidenses.

“La GAO reconoce que es un servicio dedicado y confiable, con integridad en su itinerario. Tenemos 12 salidas semanales de Estados Unidos a Puerto Rico, lo que le da seguridad a los que hacen negocio en Puerto Rico”, dijo Nazario, en una entrevista telefónica.

“Nos sentimos satisfechos porque el estudio extensivo e independiente del GAO confirma que los consumidores puertorriqueños se han beneficiado del Acta Jones”, dijo Eduardo Pagán, vicepresidente de la empresa Sea Star Line.

Para Nazario no son creíbles los estudios de economistas de Puerto Rico que indican que los requisitos federales suponen una carga de US$ 1.000 millones para el consumidor puertorriqueño, por el posible efecto del alto costo de la Marina mercante estadounidense en los precios de los productos.

La GAO, en su informe, indicó que no pudo hacer un análisis estadístico, por falta de información de las empresas navieras estadounidenses y las extranjeras.

“A Puerto Rico llega un promedio de 230.000 contenedores al año desde Estados Unidos, un 70% de la carga. El resto es carga internacional. Si se multiplica por un promedio de US$ 3.000 por contenedor, el costo de traer la carga suma unos US$ 690 millones. No es sensato que el efecto en la economía pueda ser de US$ 1.000 millones al año”, dijo Nazario.

En enero pasado, el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza) sostuvo que barreras proteccionistas como la Ley Jones de 1920 “dañan las economías locales y le añade costos significativos a empresarios y consumidores”.

Mientras, la Reserva Federal de Nueva York ha advertido que "transportar por barco desde la costa este de Estados Unidos a Puerto Rico un contenedor de 20 pies de largo con artículos del hogar y productos comerciales cuesta alrededor de US$ 3.063; el mismo embarque a la vecina Santo Domingo (República Dominicana) cuesta US$ 1.504, y a Kingston (Jamaica) US$ 1.687".

Fuente: El Nuevo Día, Puerto Rico