En una extensa entrevista realizada por el periódico paraguayo ABC al capitán de Marina Mercante, Ing. Oscar Cortessi, se consultó sobre las múltiples dificultades que padecen algunas empresas navieras paraguayas en la hidrovía en aguas jurisdiccionales argentinas. Señaló al respecto que existen problemas de larga data y que la situación tenderá a agravarse a medida que se expanda la actividad.

¿Cuales serían los principales inconvenientes que enfrentan los armadores paraguayos en la hidrovía Paraguay-Paraná (HPP)?   
Ultimamente vemos que insistentemente la prensa local se ocupa de la problemática del sindicato argentino, que se volvió paraguayo,  que molesta a algunos, y predicen malos negocios y la hecatombe de la economía paraguaya. De hecho, los armadores condenan la presencia del nuevo estorbo sindical en nuestro país y, en cierto modo, se consideran abandonados a su suerte.   

También señalan que por la parte oficial hay un mutis total. La ANNP no ayuda en nada, la Prefectura General Naval (PGN) no abre la boca, la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) también ausente (siendo la autoridad encargada del tema no sabe qué decir ni qué hacer), y culpan a la parte oficial cuando en épocas de estiaje se dificulta la navegación por problemas de dragado y los contenedores no llegan.   

¿Podemos decir entonces que hay otras verdades no ventiladas?   
La problemática actual de los contenedores es amplia y abarca  lo legal, operacional, sindical, etc. Comenzando por lo legal, la Argentina es un país miembro pleno de la Organización Marítima Internacional (OMI), lo que, en principio, indicaría que se esfuerza en hacer bien las cosas, porque eso es lo que le conviene y para ello tiene instituciones encargadas de implantar, cumplir, verificar y certificar las normas internacionales que  el país reconoció.   

En ese orden y en calidad de vecinos nuestros, durante años aguantaron nuestras desprolijidades, quizás teniendo en cuenta  que somos  país pobre y mediterráneo. A toda esta deplorable imagen que transmitimos, y acostumbrados a pedir migajas a cambio de nada, los “hermanos” argentinos siempre nos tuvieron compasión y perdonaron nuestras “cosillas”, pero siempre advirtiendo que para la próxima teníamos que hacer bien las cosas.   

Pero, como buenos paraguayos, seguíamos haciendo lo mismo, solucionando nuestros pequeños problemas con  “pequeños regalos”, con  pedido de favores a través de Cancillería y, en algunos casos, arreglando el tema a través de las prefecturas de ambos lados, pero sin querer hacer bien los deberes, siguiendo en lo mismo, porque nos sale más barato y nos permite seguir lucrando a costa de todo.

¿Podría considerarse entonces que esos abordajes a nuestras embarcaciones lo realizaban dentro de un margen de legalidad?  
No hay que olvidar que, como país miembro de la OMI, Argentina realiza las inspecciones de nuestras embarcaciones subestándar, detienen  convoyes, intervienen la navegación, controlan la carga, certifican a nuestros tripulantes y otras cosas a las  que  nosotros los paraguayos no estamos acostumbrados. Me refiero  a estos “tratos” de un país hermano.   

A eso hay que agregar que cada intervención de la Prefectura Argentina a nuestras embarcaciones se registra en un informe, el que a su vez genera un reporte anual de las actividades realizadas por la autoridad marítima del país ante la OMI, porque es su deber hacerlo como miembro pleno y demostrar que cumple con los requerimientos del organismo internacional al cual se suscribió.   

Mientras aquí seguimos reclamando que los argentinos nos traban la navegación, que no respetan los acuerdos bilaterales firmados, etc.,  nadie cuenta que las causas de todas esas trabas tienen origen, por ejemplo, en el mal estado de nuestras embarcaciones, en falta de documentación adecuada de las mismas o de la carga. En la ineptitud de los tripulantes que no tienen una formación adecuada y en la desprolijidad con que nos manejamos en todos los ámbitos y que vivimos pidiendo favores, dando una imagen de país mendicante.   

¿Está obligada la Prefectura Naval Argentina a hacer cumplir las normas internacionales? 
En efecto, la Argentina, como miembro pleno de la OMI, está obligada a hacer cumplir las normas internacionales de seguridad en la navegación, que suscribió, como algunas que nosotros incorporamos. como leyes SOLAS, pero que en la práctica no se cumplen por “orden” nuestra.   

En ese sentido, podemos citar algunas que nuestros armadores pretenden ignorar y que son los puntos cruciales en toda esta problemática actual: el Código PBIP-ISPS, el Código ISM o IGS, MARPOL y el STCW de la OMI, todos ellos hacen la base de la seguridad en la navegación.   

Es lógico entonces que Argentina decida aceptar o rechazar que tal o cual embarcación entre o salga de su puerto, porque está obligada a cumplir con los requerimientos de los convenios internacionales, aplicando el Estado Rector de Puerto, que consiste en la inspección de buques extranjeros en puertos nacionales, con el propósito de verificar que las condiciones del buque, su equipo y su tripulación cumplen con los requisitos exigidos en los convenios internacionales elaborados por la OMI.   

¿Podríamos decir entonces que con estas intervenciones solo se busca la seguridad en la navegación?   
Es evidente que esos reportes del andar de nuestras embarcaciones se reflejan en los reportes sobre los sistemas de gestión de seguridad para luchar contra comportamientos peligrosos de las embarcaciones en busca de la seguridad en la navegación.

La transparencia que implica el reporte de informes no está bien vista por los armadores, ya que estos no estarían dispuestos a informar por temor a que los informes se vuelvan contra ellos. Las empresas navieras e incluso los estados tienen que entender que la seguridad de la navegación se basa en una cultura de seguridad y no en una cultura de la culpa.

En la práctica, el temor a la persecución no tiene la intención de promover la transparencia dentro de la compañía naviera. Los informes son documentos detectables, por lo tanto, las inspecciones, informes, auditorías de incidentes tienen la obligación de mejorar los sistemas de gestión, los procedimientos y la práctica, y no para enjuiciar a los armadores.  

¿Cuáles serían las consecuencias?   
A toda la desprolijidad de nuestras actividades, cualquiera que tenga interés en venir a crear caos encuentra un campo fértil, porque “todos están en falta”; autoridades, sindicatos y armadores, por lo tanto, y a prueba de los informes internacionales sobre nuestra situación, nadie puede decir por qué suceden las cosas porque se omite todo o se callan todos.   

Se deberían investigar estas desprolijidades y corregir de raíz el problema, ya no se puede seguir así, el país necesita, se está poniendo en riesgo la economía, el esfuerzo de nuestros productores y mano de obra paraguaya, por lo que urge una solución de fondo y forma.

Fuente: ABCDigital, Paraguay