La estrategia arancelaria del Presidente de EE.UU. Donald Trump, eje central de su política de comercio exterior, atraviesa un momento decisivo tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones que declaró ilegales gran parte de los aranceles impuestos durante su administración. La decisión, que entraría en vigor el 14 de octubre si no es revertida, podría obligar al gobierno a reembolsar miles de millones de dólares recaudados, generando, a la vez, una nueva capa de incertidumbre sobre la planificación de los importadores estadounidenses.
El caso gira en torno al uso que Trump hizo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para establecer tarifas adicionales a las importaciones. Según Bloomberg Economics, un revés judicial definitivo “podría reducir a la mitad la tasa arancelaria efectiva promedio de EE. UU. actual del 16,3%”.
Incertidumbre para importadores y carga
El sector logístico se mantiene en estado de alerta, aunque, de acuerdo con CNBC, aún no ha habido cambios operativos. “Por el momento, no hemos escuchado mucho ni visto ningún cambio”, señaló Paul Brashier, vicepresidente de la compañía de 3PL global, ITS Logistics.
El impacto inmediato sería limitado, ya que muchas empresas adelantaron importaciones a principios de año para evitar los aranceles. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre los reembolsos. Mike Short, presidente de transporte global de C.H. Robinson, advirtió que “si el fallo incluye reembolsos, podrían gestionarse automáticamente o requerir solicitudes individuales, lo que duplicaría la carga de trabajo de los equipos de aduanas”.
Josh Teitelbaum, asesor principal de la firma de abogados estadounidense Akin, recomendó cautela: “Las compañías no deberían cambiar sus proveedores basándose en lo que creen que dirá la Corte Suprema; es demasiado incierto. Si se determina que el presidente se excedió en su autoridad, probablemente impondrá nuevos aranceles bajo otras leyes, con sus propios límites”.
Dan Anthony, presidente de Trade Partnership Worldwide- consultora especializada en comercio internacional-, coincidió en que el diseño del proceso será clave: “Los reembolsos generales son sencillos, pero un proceso individualizado lo haría infinitamente más complejo”.
Felicia Pullam, exdirectora ejecutiva de la Oficina de Relaciones Comerciales de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), añadió que la devolución de los ingresos afectaría el déficit fiscal: “Los fondos recaudados por aranceles no tienen un destino específico; reembolsarlos incrementaría la deuda, como cualquier otro gasto federal”.
Reacción de la administración Trump
Trump solicitó esta semana a la Corte Suprema de EE.UU. una revisión acelerada del fallo que declaró ilegales varios de sus aranceles, con la intención de que las audiencias comiencen a principios de noviembre. “Si se permite que esta decisión siga vigente, destruiría literalmente los Estados Unidos de América”, declaró Trump. También advirtió que, sin los aranceles, el país perdería fuerza en sus acuerdos comerciales, insinuando que podrían quedar sin efecto.
Sin embargo, Scott Bessent, secretario del Tesoro, expresó confianza en que el máximo tribunal respaldará la estrategia comercial de Trump, defendiendo la legitimidad del uso de la IEEPA para imponer aranceles. También señaló que el gobierno cuenta con planes alternativos, entre los que se analiza la imposición de tarifas específicas a sectores estratégicos como el acero y el aluminio. Aunque no se ha confirmado oficialmente, algunos analistas especulan sobre la posibilidad de que la administración busque respaldo legislativo adicional en el contexto previo a las elecciones (estatales y locales) de noviembre.
Para Alan Baer, director ejecutivo de OL USA- compañía de logística y transporte internacional basada en New York- es improbable que la administración renuncie a estos ingresos: “No veo que la Casa Blanca deje de recaudar los más de US$30.000 millones mensuales en impuestos”.
Perspectivas y riesgos
Cabe mencionar que el poder constitucional para fijar aranceles recae en el Congreso, y la Corte Suprema ha exigido que cualquier delegación de autoridad en asuntos económicos sea explícita. Si se confirma el fallo, EE. UU. podría perder una herramienta clave de negociación comercial, aunque los analistas coinciden en que los acuerdos vigentes no se desharían automáticamente.
“Los acuerdos son marcos en negociación, no tratados formales”, explicó Pullam, quien señaló que la administración ya prepara alternativas: “Simplemente perderíamos ingresos federales y pasaríamos a otra etapa de las negociaciones”.
Michael Lowell, socio de la firma de abogados Reed Smith, destacó que la inestabilidad arancelaria se ha convertido en norma: “Las investigaciones de la Sección 232 abarcan desde madera hasta minerales críticos, y nuevas tarifas pueden surgir en cualquier momento, como ocurrió con el cobre en julio”.
Organización de los aranceles
El Sistema Arancelario Armonizado de EE. UU. (SAMUS) contiene más de 11.000 subpartidas de ocho dígitos, con solo un 5% exento de aranceles recíprocos. Además, los aranceles de la Sección 232 afectan cerca de 800 códigos, cubriendo productos que van más allá de lo que muchos importadores considerarían aluminio o acero.
Los aranceles vinculados al fentanilo impactan directamente en bienes provenientes de Canadá, México y China, salvo excepciones del T-MEC. Esta complejidad técnica subraya el desafío que representaría un proceso masivo de reembolsos. “La estructura arancelaria actual es amplia y minuciosa. Desmontarla o reembolsarla sería un esfuerzo logístico y fiscal monumental”, concluyó Pullam.
Por MundoMaritimo
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