GDF Suez aborta construcción de termoeléctrica Barrancones

Luego de que el presidente Sebastián Piñera anunciara que se cambiará la ubicación del proyecto termoeléctrico Barrancones, que se ubicaría en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, la empresa GDF Suez abortó su construcción.

La respuesta de la multinacional fue breve; de sólo de tres párrafos. Y aunque en ninguno fue explícita para comunicar que no va a construir el proyecto, lo cierto es que lo abortó.

Tres claves entregó en esa línea: que el gobierno pidió "no instalar" la Central Térmica Barrancones en Ensenada Ramadilla; que el grupo "respeta" esa decisión de las autoridades, y que analizará otras alternativas mejores.

Esas vías no pasan por una relocalización. Según afirman al interior de la compañía, las centrales no se relocalizan, pues cualquier variación requiere de un nuevo estudio de impacto ambiental, que demora entre cuatro y cinco años, que ellos no están dispuestos a hacer.

Para el poderoso grupo energético GDF Suez -el tercero o cuarto más grande del mundo-, el proyecto se acabó y el caso está archivado.

No va a recurrir a tribunales ni a organismos internacionales. Tampoco está dispuesto a quejarse por los recursos y años invertidos, unos dos o tres millones de dólares; ni menos inmiscuirse en contiendas políticas locales.

Sí hacen ver que cumplieron con todas las normas y regulaciones ambientales de Chile, y con los estándares fijados por el Banco Mundial y la Unión Europea.

Partidarios del proyecto lamentan lo sucedido y califican de compleja la señal enviada por la administración Piñera, pues advierten que la interpretación que deja este episodio es que cualquier proyecto de calificación ambiental puede ser derribado por razones políticas, a pesar de cumplir con la institucionalidad.

Complejo ven también cómo La Moneda va a enfrentar las decisiones que se avecinan en materia energética; entre ellas, la aprobación de centrales como Castilla, de 2 mil 300 MW, para enfrentar el déficit que se avecina a partir de 2014, si ese proyecto también es objeto de manifestaciones de rechazo ciudadano.

Reacciones

"Aquí ha habido la concurrencia de voluntades del Ejecutivo, y muy principalmente de la empresa privada, porque tenemos una norma y un Estado de Derecho", aseguró Rafael Guilisasti, Presidente de la CPC.

Por su parte, Ernesto Escobar, Presidente de Asimet, dijo: "desconozco los términos del acuerdo entre el Presidente y Suez. Pero esto constituye una incertidumbre importante sobre costos, oportunidad y seguridad de hacer un proyecto. Hay una preocupación de los empresarios porque esta situación no normada puede afectar a cualquier otra iniciativa".

Finalmente, Gastón Escala, Presidente de la CChC, afirmó: "no me corresponde opinar sobre el acuerdo entre el Gobierno y la empresa responsable del proyecto. Pero en el país existe una institucionalidad ambiental que contempla mecanismos de reclamación en caso de que no exista acuerdo ante una Resolución de Calificación Ambiental".

Fuente: El Mercurio de Santiago