No precisamente buenas nuevas anuncia para el año nuevo Jorge Silva Berón, vocero oficial de los trabajadores portuarios de Chile.

Sin pelos en la lengua, el dirigente apunta sus dardos contra el gobierno del Presidente Ricardo Lagos. En estos momentos Silva Berón tiene marcados con rojo en su agenda varios temes que le inquietan: la capacitación para los operarios de Valparaíso y Concepción, aún pendiente; el último dictamen de la Dirección del Trabajo que regula las labores en los terminales, el uso de los puertos como bolsas de trabajo de emergencia para paliar la cesantía y la normativa de seguridad que aceptó el Gobierno en el tema terrorista frente a EE.UU. Su advertencia es perentoria: "La primera semana de enero tendremos una movilización nacional", afirma.

¿Qué puntos no se cumplieron de los acuerdos de 1999 con el Gobierno?
Tenemos pendiente la capacitación en los puertos de la V y VIII Región. Solidarizamos con la problemática que los afecta. Aunque se han dado pasos para una solución, en diciembre el Gobierno tenía que haber avanzado en el proceso en Valparaíso, pero se fue diciembre sin solución ni respuesta.

¿Qué avances han tenido con la comisión interministerial? 
Planteamos dos temas de relevancia. Uno es el acceso al trabajo en los puertos. Hay una normativa que permite que con 4 días de capacitación tengamos nuevos trabajadores. Creemos que es una irresponsabilidad del Estado mantener esa norma. Eso ha sido un subterfugio para hacer de los puertos verdaderas bolsas captadoras de cesantes y vemos poca disposición a solucionarlo por parte del Gobierno. Los puertos hay que profesionalizarlos, pero no con 4 días de capacitación mediocre. El otro tema es la falta total de control de las normas en temas de seguridad y legislación laboral. En esto la Inspección del Trabajo es un órgano inservible al interior de los puertos. Además la autoridad marítima no cumple realmente con su misión de velar por la seguridad, el orden y la disciplina. En algunos terminales que se consideran avanzados, como Valparaíso o Iquique, en los últimos dos meses han muerto dos trabajadores.

¿Con esta propuesta se busca proteger a los trabajadores que ya están en los puertos?
Hemos hecho un catastro y consideramos que a nivel nacional los puertos funcionan eficientemente con no más de 4 mil trabajadores. Pero con este sistema aberrante tenemos alrededor de 14.000 tarjetas, o sea, 10.000 cesantes que van una vez al mes o a lo mejor ni siquiera van al puerto y están a la expectativa de que algo cambie. Si fuéramos dirigentes irresponsables sindicalizaríamos a esa gente y la tendríamos pidiendo turnos de $ 100 mil, en vez de ganar 5 mil o 10 mil, con lo cual no pueden vivir en el mes. Y podríamos tener movilizaciones todos los días, pero no podemos entrar en ese juego.

¿A eso responden las exigencias de mayor seguridad en Chile?
Ahí quien tiene la palabra es la autoridad marítima. Nosotros no podemos aceptar que a costa de la exigencia que dicen que estamos poniendo, mueran trabajadores. No estamos hablando, a lo mejor, de una mayor cantidad de operarios, sino de buenas condiciones para desarrollar nuestra actividad.

¿Qué medidas de presión ejercerán al no haber conseguido mucho?
Primero, de no tener alguna respuesta concreta de la comisión que ha estado trabajando con el Gobierno, vamos a plantear una movilización nacional. En segundo término, nos oponemos al dictamen de la Dirección del Trabajo. Notificamos al subsecretario de Transportes y él se comprometió a tener una reunión con el ministro Insulza para tratar el tema. De persistir la actitud arrogante de la directora del Trabajo, a lo mejor en la primera semana de enero vamos a tener una movilización nacional, tomando en cuenta que teníamos un acuerdo con las autoridades del Trabajo para concordar el dictamen entre las partes.

María Ester Feres dice que se hizo un análisis profundo antes de dictarlo. ¿Qué planteamientos de ustedes no recoge?
Eso lo desmiento categóricamente. La directora del Trabajo miente. No sé si tuvo una reunión con la Cámara Marítima, pero los trabajadores habíamos iniciado una mesa de conversaciones. El acuerdo era que no íbamos a echar a andar un dictamen en el que ni los empleadores ni los trabajadores estaban de acuerdo. Habíamos avanzado, pero de un día para otro aparecieron con lo mismo que habíamos rechazado.

¿En qué puntos específicamente?
Las negociaciones sobre las relaciones laborales tienen que enmarcarse en un ámbito bipartito. Por lo tanto, planteamos que el Gobierno debía definir dos cosas: qué es trabajador portuario y qué es recinto portuario. Lo relacionado con las faenas debería ser tocado por los empleadores y los trabajadores.

¿Qué impacto tendrá para los operarios chilenos el TLC con EE.UU?
Hay dos situaciones conflictivas. Una tiene que ver con cómo el Gobierno cedió respecto del tema de la seguridad; según las instrucciones que hemos visto de Directemar, existe la posibilidad de militarizar los puertos en caso de que hubiera un conflicto laboral que afecte a un buque que esté cargando para EE.UU. Estamos preparando una presentación ante la OIT, porque eso sería vulnerar derechos que parece que el Gobierno no ha tomado en consideración. Lo segundo es un cuestionario que mandó el Departamento de Estado norteamericano al Gobierno, en que pregunta si es posible que los tripulantes de un buque norteamericano puedan hacer las faenas de los trabajadores portuarios en los puertos chilenos.
 
Relaciones internacionales
 
Ustedes han generado alianzas con portuarios de EE.UU. ¿A dónde apuntan?
Tenemos un acuerdo con los norteamericanos. El año pasado, cuando hubo un conflicto en el puerto de Caldera, llamé al presidente de los estibadores norteamericanos porque había un buque que había amenazado con irse con la mitad de la carga a Filadelfia. Ellos inmediatamente comunicaron a su empresa que ese buque no lo iban a trabajar si provenía de un puerto que estaba en conflicto en Chile. Estamos hablando de cómo nos globalizamos los trabajadores.

¿Cómo afectan a los operarios las medidas antiterroristas decretadas por EE.UU?
Los estibadores norteamericanos están muy preocupados por el tema del control de los contenedores. Allá, a la inversa de lo que sucede acá, el Gobierno está estatizando ese trabajo que hacían las empresas privadas. Están muy preocupados porque ahora un organismo estatal va a hacer lo que normalmente ellos hacían. Eso lo vamos a discutir en enero, no sea que se les ocurra traerlo.

La Cámara Marítima dijo que ustedes buscan igualar las rentas en los terminales independiente de su productividad. ¿Es así?
Es efectivo. Nuestra principal tarea ha sido tratar de nivelar los valores turno en los diferentes puertos. Consideramos injusto que haya trabajadores de primera, segunda y tercera categoría y creo que hemos ido avanzando. Quisiera aclarar lo siguiente: yo distingo, bien honestamente, que en la mayoría de los puertos tenemos muy buenas relaciones con las empresas y hay muy buena disposición para tratar el tema de los trabajadores. Eso es lo que sucede en los puertos. Hay un segundo discurso medio ideológico, que es el que lleva adelante la Cámara Marítima. Ellos dicen que nosotros somos los que tenemos un doble discurso, pero eso lo desmiento categóricamente. Si tuviéramos los cauces normales donde pudiéramos estar reunidos con los empleadores, con los exportadores, los importadores y con quien sea para tratar con altura de miras el tema de las relaciones laborales y del trabajo en los puertos, nosotros estamos disponibles.

¿Se busca a futuro negociar en bloque a nivel país?
Si no somos capaces de juntarnos con las empresas para definir la mejor fórmula, que puede ser por puerto, por empresa o a nivel nacional, como ellos quieran, lamentablemente vamos a tener que tomar nuestros acuerdos y ver cómo lo hacemos. Mientras, estamos abiertos a ver qué es lo mejor.

Fuente: La Estrella de Iquique