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28 de Junio de 2013 En CEPA estiman que licitación del puerto La Unión se realizaría en octubre Cronograma inicial planteaba que la licitación fuera en abril de este año

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma de El Salvador (CEPA) modificó su cronograma para la concesión del Puerto de La Unión Centroamericana y ahora estima que la licitación de la terminal se lanzaría en octubre de este año.

Hasta mediados del año pasado, CEPA esperaba que la licitación se lanzara en abril de 2013, pero el proceso ahora se ha pospuesto para el último trimestre del año, con miras a que la empresa que gane el concurso, que será por invitación, inicie operaciones en abril de 2014.

Carlos Federico Paredes, asesor de la presidencia de CEPA y encargado de la concesión del puerto de La Unión, indicó que este 3 de julio iniciará la precalificación de las empresas interesadas en administrar la infraestructura, y finalizará el 16 de septiembre.

Las empresas tendrán del 13 al 16 de septiembre para entregar sus ofertas y se seleccionarán aquellas que cumplan los requisitos establecidos en el decreto 834, que regula la concesión de la terminal, dijo Paredes.

Para pasar el filtro de CEPA, las empresas deben tener un patrimonio superior a los US$ 40 millones y tener experiencia, en los últimos tres años, en el manejo de un volumen mínimo de 600.000 TEUs.

También deberá demostrar que ha operado al menos un puerto con un volumen mínimo de 300.000 TEUS, en los últimos tres años.

Tras la precalificación y la entrega de las invitaciones para la licitación, CEPA tiene previsto evaluar las ofertas del concurso y adjudicarlo en enero del próximo año.

En febrero, además de ser el periodo de “firmeza” de la adjudicación, se espera conformar la sociedad y firmar el contrato, documento que, en marzo, pasaría a la aprobación de la Asamblea Legislativa. El Ejecutivo de El Salvador confía en que el procedimiento en el Congreso sea expedito, para lograr que la empresa ganadora inicie operaciones en abril de 2014.

Paredes señaló que la precalificación de las empresas también dictará las necesidades de dragado del puerto. La terminal enfrenta constantes problemas de asolvamiento en su canal de acceso, que han reducido la profundidad a la que se dragó originalmente, que fue de 14 metros, pero con la marea más baja llega a 15.

“El precio que se paga por tener aguas calmadas es el asolve”, indicó Milton Lacayo, gerente del puerto.

Lacayo indicó que ofrecerán a las empresas un canal de acceso de 10 a 12 metros de profundidad, pero si éstas exigen las especificaciones originales, añadió Paredes, el Gobierno dragará lo que sea necesario.

Por ley, indicó Lacayo, el Estado es quien se encarga del dragado, labor que debe hacerse todos los días. Debido a los altos costos que implica contratar este servicio, CEPA planea comprar una draga y capacitar personal para operarla.

El funcionario agregó que en agosto se espera que Japón entregue un estudio sobre el dragado del puerto.

Solicitud de reforma a legislación

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP) solicitarán reformas al decreto legislativo 834, que regula la concesión del Puerto de La Unión Centroamericana.

Los cambios  buscan “evitar arbitrajes”, indicó Carlos Federico Paredes, asesor de la presidencia de CEPA y encargado de la concesión de la terminal marítima.

Son cuatro cambios los que se propondrán para la Ley de Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito Especializada en Contenedores, fase I, del Puerto de La Unión Centroamericana.

El primero se haría en el artículo 3, en donde se establece que el Estado es garante del diseño original. Si se aprueba la propuesta del Ejecutivo, solo habría garantía para las condiciones operativas, esto debido a los problemas de asolve en el canal de acceso.

El Estado, explicó Paredes, ofrecerá una profundidad de 10 metros a 12 metros en el canal y, a menos que la empresa lo requiera, se le entregará la terminal con las condiciones originales. La reforma al artículo 3 permitiría realizar esta operación.

La otra reforma propuesta es para el artículo 8, en donde se define que el concesionario deberá presentar y ejecutar un plan de inversión de US$ 30 millones en los primeros cinco años de la concesión. La propuesta del Ejecutivo es ampliar ese plazo a 10 años.

El tercer cambio dará una opción preferencial al concesionario, si ha cumplido con las exigencias de la ley, en el momento en el que estén las condiciones para la ampliación de la terminal, ubicada en la bahía de La Unión.

Paredes explicó que la ley actual no determina cómo se hará este proceso, y la reforma busca corregir ese vacío.  “Queremos evitar lo que ha pasado en otras latitudes, que adjudican a un operador un puerto y cuando llega la fase de expansión no le dan a ese operador posibilidades de participar, y se lo dan a otros”, indicó.

En la reforma se incluiría un plazo de un año para que el operador inicial exprese su interés de participar en la ampliación.

Finalmente, el artículo 14  exige a la empresa ganadora de la licitación constituir una Sociedad Anónima domiciliada en El Salvador, pero no definen plazos. Cuando no se definen tiempos, se aplica la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que solo da cinco días para firmar el contrato.

Si la empresa no se constituye en cinco días, “se puede llegar al extremo de quitarle la concesión al que se la diste, para buscar al segundo”, explicó Paredes. Por ello pedirán 60 días de plazo más una prórroga por el mismo periodo de tiempo.

¿Qué se concesionará?

Un frente de atraque de 560 metros lineales, de los que 220 metros tienen una profundidad de diseño de 14 metros y 340 metros con una profundidad de 15 metros.

Además, un frente de atraque lateral de 340 metros lineales, de los que 100 tienen una profundidad de diseño de seis metros y 240 metros una de 9,5 metros.

Para finalizar, un área de terminal con una extensión de 346.578,33 metros cuadrados, con patio de contenedores, entre otras facilidades.

Avanza estudio de dragado

El estudio sobre el dragado del Puerto de La Unión Centroamericana, que será donado por el Gobierno de Japón, tiene un avance del 75%, indicó Milton Lacayo, gerente de la terminal.

Éste sería el segundo estudio que dona el Gobierno japonés al país, relacionado sobre el canal de acceso de La Unión, infraestructura portuaria que también financió a través del Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC).

En 2009, explicó Lacayo, Japón donó un estudio sobre el asolve, que determina las tasas de sedimentación del puerto. En agosto de este año se esperan los resultados del estudio sobre el dragado.

Fuente: El Mundo, El Salvador 

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