Al menos 170 buques y 1.400 marinos mercantes, corren el riesgo de dejar de operar en los mares regionales de la zona sur austral de Chile, si persiste la Dirección del Trabajo en prohibir que tanto capitanes de puente como jefes de máquina, dejen de cumplir con las guardias.
El tema fue presentado por Orlando Almonacid, presidente de la Asociación Gremial Armasur, durante la reciente conmemoración del Día de la Marina Mercante.
Al dirigirse a los asistentes, el también gerente de Naviera Cruz del Sur expuso que el dictamen de la Dirección Nacional del Trabajo obliga a las empresas navieras a aumentar la dotación de su personal, para cubrir las guardias que dejarían de hacer tanto capitanes como jefes de máquina.
Orlando Almonacid planteó que la infraestructura de los barcos que recorren las aguas interiores de la zona sur austral, está diseñada conforme a una cantidad determinada de trabajadores (8), por lo que sostuvo que "no hay posibilidad física de ampliar las embarcaciones, por lo tanto las naves no cuentan con las condiciones ni el espacio para aumentar el número de personas a bordo".
Advirtió que los barcos mayores (de entre 50 y 500 TRG) "que corresponden a más de 60 % de las naves que operan en Chile, no podrán cumplir este dictamen y no podrán operar, por no poder cumplir con la normativa propuesta".
El presidente de Armasur sostuvo que en caso de llevarse a la práctica la disposición de la autoridad laboral, "tendremos que detener el funcionamiento de los barcos y más de 1.400 personas quedarán sin empleo".
En la ocasión, Pedro Cáceres, presidente de Fesimar (Federación Sindicatos Marítimos Puerto Montt), sostuvo que trabajan en navíos "relativamente chicos, donde la habitabilidad siempre ha sido un obstáculo", por lo que se mostró en contra de la resolución de la Dirección del Trabajo, que eleva la dotación de esos barcos.
Bajar la cortina
Mientras que el gerente general de Armasur, Manuel Bagnara, puntualizó que "si la autoridad del Trabajo nos exige cumplir (con ese dictamen), vamos a tener que bajar la cortina".
Anunció que si en el intertanto son cursadas infracciones por no cumplir con ese dictamen, "vamos a responder judicializando esas multas".
"Si los tribunales le dan la razón, esos barcos hoy estarían funcionando en forma ilegal. Estamos bajo una legislación del siglo XIX, con una industria del Siglo XXI. Y eso nos está matando", remarcó.
Expuso que desde septiembre del año pasado que están esperando la conformación de una mesa de trabajo para abordar este tema. "Las autoridades locales y nacionales no han estado a la altura. Primero empezamos acá y no le dieron la importancia que esto tiene. Acordamos con las autoridades del Ministerio del Trabajo establecer esta mesa, pero... no hubo mesa", criticó.
Manuel Bagnara precisó que la Dirección del Trabajo estima que el capitán debe estar las 24 horas a cargo del barco, lo mismo que el jefe de máquinas, por lo que no pueden hacer guardias. "Históricamente ha sido siempre así. Han hecho guardias (de 6 horas). Hoy, hay piloto automático; hay barcos que tienen todo automatizado, con sensores y alarmas. La tecnología va más adelante que la legislación", comentó.
Visión distinta
Una visión diametralmente distinta al asunto ofrecieron los dirigentes de los marinos mercantes, respecto del asunto al calificar como una “amenaza” la advertencia de Armasur.
Así lo estableció Juan Fernández, presidente del Consejo Sur Austral de la Marina Mercante y presidente del Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Universitaria, y el presidente provincial de la CUT, José Pacheco.
El primero lamentó que el gremio de los armadores utilice esta amenaza como medio de presión hacia el Gobierno, a raíz de "este dictamen que viene a restituir derechos que habían sido vulnerados".
Por eso, subrayó que esta ley -cuestionada por Armasur- existió siempre, pero "las autoridades habían permitido que este sector estuviera sobre la ley". Sin embargo, -añadió- ahora la instrucción es que se cumpla la ley, lo que "les significará emplear a una persona más en el puente y otra en máquinas".
Y esto -según acusa el dirigente- es lo que "les causa dolor por cuanto bajarían las utilidades".
Además, descarta que existiera la posibilidad de despidos, porque los compromisos con la salmonicultura y el tráfico marítimo del sur son imposibles de frenar.
Juan Fernández desafió al gremio a dar los nombres de los 1.400 trabajadores que se tendrían que ir "porque en el extranjero presionan al Gobierno chileno para abrir el cabotaje, lo que significaría que lleguen europeos con buques en buenas condiciones".
Pero no es lo único, ya que el dirigente planteó que si ello llegase a ocurrir, "es cosa de comparar los sueldos que pagan aquí -Armasur- con los que cancelarían los extranjeros" que pudieran llegar.
Fuente: El Llanquihue
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