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10 de Junio de 2013 Cuestionan licitación de escáneres creada por Aduanas de Panamá EE.UU. donó tres equipos operativos, además el gobierno panameño compró otros nueve

El Gobierno de Panamá, a través de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), creará una nueva concesión que ha encendido luces de alerta entre la clase empresarial del país.

Pretende otorgar, por medio de una licitación por mejor valor, un contrato por 10 años para la operación y mantenimiento de los equipos de inspección técnica de carga o servicio de escáner.

Los parámetros de la licitación han sido cuestionados por las nueve organizaciones empresariales que forman parte del Consejo Nacional Logístico (Coel) y que ha advertido modificaciones en el proceso de licitación.

La empresa que se gane el contrato cobraría a cada contenedor que ingrese mercancía importada al país ­incluyendo a la Zona Libre de Colón- la suma de cinco dólares, adicional a una cuota que se determinará en función del valor de la carga.

Para los empresarios, luego de revisar el pliego de condiciones de la licitación al que se le han hecho dos adendas, no hay certeza de las condiciones que se establecerán en el contrato final y los criterios que se emplearán para la modificación de la tasa.

“Lo preocupante es que la ANA le dé la facultad a la compañía contratada para que de manera conjunta determine la tasa a fijar, sin tener en cuenta los alcances que ello conlleva por parte del contrato y los niveles de rentabilidad esperados por este”, indica una nota a la que tuvo acceso ayer este diario y que fue enviada a la directora de Aduanas, Virna Luque, el pasado 28 de mayo.

Se intentó a través del departamento de Relaciones Públicas de la ANA obtener la versión de la entidad, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta a la solicitud de información.

La ANA ha programado la licitación para finales de este mes. El plan, de acuerdo con la información disponible en PanamáCompra, es recibir las propuestas el 28 de junio.

Este proceso ha generado intranquilidad entre los empresarios por la posibilidad de estar frente a un monopolio que compromete la competitividad del país en cuanto a la operación de los equipos, mantenimiento e inspección, entre otros.

Advierten que los importadores tendrían que pagar una nueva tasa para ingresar productos a Panamá y que este costo finalmente se trasladaría a los consumidores.

Hasta la fecha han presentado interés en este contrato unas siete compañías, entre nacionales y extranjeras.

Para estos interesados se estaría frente a un negocio que generaría ingresos cercanos a los 30 millones de dólares anuales y hasta unos 300 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

Las falencias en los aspectos técnicos de la licitación es otro punto del que se quejan varias firmas de abogados que representan a empresas interesadas en el contrato.

La supuesta falta de claridad podría limitar la participación de empresas y finalmente inclinar la balanza a ciertos grupos económicos que persiguen quedarse con el contrato.

Los nueve escáneres a los que le daría mantenimiento los instaló ANA en diferentes recintos aduaneros del país y datan desde la administración de Martín Torrijos.

Cuando el Estado de Panamá adquirió el contrato original incluyó el mantenimiento por cinco años. Hasta la fecha los importadores no han pagado por el uso de estos escáneres que tienen como objetivo minimizar el contrabando y agilizar el manejo de la carga del comercio internacional.

Aunque la compra de los escáneres se gestionó desde la administración del presidente Torrijos, no fue hasta el año pasado que se completó su instalación a un costo de US$ 28,5 millones.

Los equipos se utilizan para la inspección de los contenedores que sean sospechosos de transportar mercancía ilegal. En caso de requerirlo, las autoridades de aduanas proceden a verificar el contenido que hay en el contenedor.

Se trata de una inspección aleatoria de la mercancía que entra al país centroamericano.

Los representantes de las empresas portuarias afirman que un cobro adicional por la inspección de la carga pone en desventaja a Panamá en materia de servicios logísticos.

El Coel planteó que la tasa ad valórem, que se pretende cobrar, debe ser producto de un análisis técnico desarrollado por la ANA en conjunto con el sector privado que es el que se verá afectado.

Fuente: Prensa, Panamá 

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