El segundo intento por entregar a privados la construcción de un nuevo terminal portuario en Valparaíso todavía es incierto. Aunque esta vez las expectativas son mucho mejores que en 2011, cuando el proceso de licitación se declaró desierto, la recepción de las ofertas definitivas depende esta vez de la justicia. La Corte Suprema analiza un recurso presentado por Agunsa contra un dictamen del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que fijó las reglas del nuevo proceso. Y si no se pronuncia luego, la licitación podría, nuevamente, ser aplazada.
Para marzo
La nueva licitación fue abierta en abril de 2012 y ha convocado esta vez a más de una decena de interesados que adquirieron bases del concurso. Entre ellos hay operadores internacionales de renombre. Uno de ellos es la japonesa Mitsui, una corporación con múltiples negocios que se asoció el año pasado con Codelco en la propiedad de la ex Disputada de Las Condes, pero que también opera una compañía con más de 900 naves y puertos en varios países.
En la lista de interesados también figura Terminal Investment Limited (TIL), con sede en Holanda, que opera 16 terminales en 15 países y los cinco continentes. La portuaria holandesa es subsidiaria de la naviera Mediterranean Shipping Company, con sede en Suiza.
A ellos se suma la española OHL, constructora y operadora de terminales portuarios que ya antes participó en el frustrado proceso de 2011 en Valparaíso.
La lista de interesados la completan varios grupos chilenos, que podrían competir en consorcio con otros actores. Es la intención de Empresas Navieras, holding del grupo Urenda, controlador de Agunsa, que esta semana anunció que formará un grupo con Besalco y HHH MTC Holdings para ir por el terminal 2 de Valparaíso, denominado Espigón.
Tras varias postergaciones, la recepción de ofertas se realizará este mes, en dos bloques. Las empresas que tienen operaciones en la V Región, denominados incumbentes, deben presentar sus ofertas el 20 de marzo. Entre ellos se cuentan a los grupos Von Appen (operador actual del terminal 1 en Valparaíso, con TPS); el grupo Luksic, que con STI moviliza el 74% de la carga en el puerto de San Antonio; y el grupo Matte, que en 2011 ganó la licitación para un nuevo terminal en San Antonio. La participación de los Matte en Valparaíso, sin embargo, no es segura. Esta semana firmó con Belfi un contrato por US$ 230 millones para construir el frente de atraque Espigón, en San Antonio, y algunos creen que las exigencias financieras en las que está embarcado hacen difícil una nueva incursión en el negocio.
Los postulantes no incumbentes, en tanto, presentarán sus propuestas económicas el 27 de marzo. Las ofertas se abrirán en paralelo los primeros días de abril.
Pero todo ello dependerá de la decisión judicial. “Si la Corte Suprema no se pronuncia relativamente luego, tendremos que posponer los plazos para la entrega de ofertas”, dice Alfonso Mujica, presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), que desarrolla el concurso. “Tenemos esperanzas de que la Corte Suprema dicte su resolución a más tardar la próxima semana”, agrega.
La controversia legal
Agunsa acudió a la Corte Suprema luego que el TDLC acogiera en noviembre una petición de la portuaria estatal para eliminar la restricción que impedía participar a los incumbentes en la licitación. Dos miembros del TDLC estuvieron por levantar la prohibición y dos estuvieron por mantenerla, pero el presidente del tribunal, Tomás Menchaca, dirimió a favor de la petición de EPV. Al cambio se oponían los Urenda y los Matte, además de la Fiscalía Nacional Económica, quienes acusaban que la liberalización beneficiaría a los Von Appen, que mueven hoy el 90% de la carga de Valparaíso, creando un monopolio en el puerto.
El TDLC también modificó el proceso. El concurso lo ganará quien proponga la menor tarifa, pero si lo hace un incumbente, el competidor entrante que haya presentado la mejor propuesta podrá igualar esa oferta y quedarse con el terminal. Para ello tendrá un plazo de 30 días.
Agunsa quedó disconforme con la decisión e interpuso un recurso de hecho ante la Suprema. Si la Suprema rechaza el reclamo, la licitación seguirá el camino trazado por EPV, que en este concurso ha sido asesorada por Asset Chile. Pero si lo acoge, dicen abogados que han seguido el caso, permitirá a Agunsa apelar al dictamen del TDLC en un juicio que podría retrasar por varios meses el proceso. EPV ha estimado que el nuevo terminal requiere inversiones por entre US$ 225 millones y US$ 280 millones. Pero a diferencia del proceso de 2011, donde los competidores debían realizar el terminal diseñado por EPV, esta vez los postulantes pudieron esta vez presentar sus propios proyectos referenciales. Varios ya lo hicieron y fueron aprobados. Ahora, todos esperan lo que diga la Suprema.
Fuente: La Tercera, Santiago
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