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27 de Febrero de 2017 Conflicto laboral en España y los cambios que tensionan el sector portuario Estibadores en EE.UU. y en Chile se confrontan con autoridades portuarias y operadores

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Varias semanas ha ocupado en la agenda portuaria mundial el conflicto laboral en España que tiene enfrentados a estibadores con el gobierno. Los analistas ven con preocupación este caso y otros, como la tensión en la costa oeste de Estados Unidos. Un poco más lejos, en Chile, también se mantienen activas las disputas entre trabajadores y empresas por causas que estarían afectando la sustentabilidad del sector.

El origen del conflicto en la península ibérica fue la aprobación de un Real Decreto Ley que reforma la actividad, de tal manera de adaptarse a la normativa comunitaria en el viejo continente y evitar millonarias multas de parte de la Unión Europea (UE).

Al amparo de la Ley de Puertos, las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), agrupan en el sistema portuario español a unos de 6.156 trabajadores en un total de 48 sociedades, una por puerto. Estas entidades son monopolizadas por los mismos funcionarios y cuando los terminales necesitan personal de estiba para atender un buque, recurren obligatoriamente a las SAGEP de cada puerto.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la UE emitió un pronunciamiento el 11 de diciembre de 2014 en el que sentenciaba que España incumplía lo establecido en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, “al imponer a las empresas de otros Estados miembros que deseen desarrollar la actividad de manipulación de mercancías en los puertos españoles de interés general tanto la obligación de inscribirse en una SAGEP y, en su caso, de participar en el capital de ésta, por un lado, como la obligación de contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha Sociedad Anónima, y a un mínimo de tales trabajadores sobre una base permanente, por otro lado”.

Tras cerca de dos años, el Gobierno de España mediante el Consejo de Ministros aprobó el decreto que disuelve las SAGEP en un proceso transitorio de 3 años. La reforma contempla reconvertir las Sociedades en Centros Portuarios de Empleo en nuevas empresas, dejando a los terminales contratar directa y libremente a los estibadores que necesiten para un servicio que hoy supera la mitad del costo total de manipulación de la carga en un puerto ibérico.

Pese a que el Estado se comprometió a asumir los despidos e inyectar €350 millones para el retiro, los estibadores tienen convocado un calendario de paros en los puertos a partir del próximo 6 de marzo y se llevaría a cabo durante nueve días alternos, los lunes, los miércoles y los viernes de tres semanas consecutivas. La principal reivindicación es que se incluya en el decreto un Registro de Estibadores y se subroguen todos los trabajadores en los nuevos centros de trabajo que sustituyan a la SAGEP.  De acuerdo  cifras entregadas por los principales concesionarios de terminales, las huelgas supondrían pérdidas estimadas de  €50 millones al día.

Una paralización nacional afectaría profundamente la economía española, dado que el 86% de sus importaciones y el 60% de las exportaciones se movilizan en los puertos. Los operados de carga se veían en la obligación de trabajar en otros terminales del continente.

Apoyo chileno

La Unión Portuaria de Chile expresó su solidaridad ante la situación en España. Su vocero, Pedro Riquelme, calificó la  reforma “como un golpe muy fuerte para la actividad de los puertos españoles y que sólo asegurará una precarización laboral de nuestros hermanos españoles, minimizando los salarios y aumentando el número de cesantes”.

Consultado sobre la influencia que estos cambios pueden tener en Chile dada las similitudes que existen, el dirigente sostuvo que en virtud que “varios modelos laborales españoles han sido replicados en nuestro país, debemos estar atentos ante cualquier iniciativa que, a nivel local, pueda suponer una copia”.

Tensión en EE.UU.

La Asociación Internacional de Estibadores de Estados Unidos (ILA en inglés) amenazó con el cierre de los puertos en la Coste Este del país, en protesta por las pérdidas de empleos en el sector.

La ILA cuestionó el exceso de reglamentación e interferencia gubernamental en los puertos de Carolina del Sur, que ha permitido a trabajadores no suscritos al gremio operar grúas, recibir y entregar carga y realizar otro trabajo terminal. "Estamos protestando por los daños a la economía de la nación causados por el tipo de interferencia que el presidente Trump prometió detener", dijo Kenneth Riley, vicepresidente internacional de ILA.

La United States Maritime Alliance, Ltd. (USMX), a través de un comunicado, calificó como "inquietantes" las amenazas de un paro en toda la costa. "El contrato entre la ILA y la USMX prohíbe cualquier paro de trabajo unilateral por parte de la ILA por cualquier motivo y si la ILA se involucra en cualquier huelga unilateral, USMX hará cumplir los derechos contractuales de sus miembros al máximo", señaló la entidad.

Conflictos en Chile

Puerto Montt y Valparaíso han sido los focos de tensión en la industria portuaria chilena por las medidas de presión adoptadas por los sindicatos de estibadores, especialmente el bloqueo de acceso a los terminales que en ocasiones ha desviado naves a otros puertos, modificado la operación de desembarque o ralentizado la atención de pasajeros provenientes de los cruceros.

En el sur, los trabajadores iniciaron una huelga para presionar a la Empresa Portuaria Puerto Montt (Empormontt) que tome medidas ante la baja en la transferencia de carga. “Estamos viendo cómo decae día a día el puerto estatal”, dijo el dirigente local Luis Paredes.

En Valparaíso, el conflicto se ha convertido en una constante entre la Coordinadora Marítima Portuaria y la autoridad portuaria. El motivo de fondo de la crisis de confianza es similar a Puerto Montt, pues los dirigentes acusan decisiones de la estatal que han mermado los ingresos de los trabajadores.

El presidente del Sindicato de Estibadores y de la Confederación Marítima de Chile (Comach), Roberto Rojas, explicó que la decisión de no atender los cruceros recalados en el puerto responde a que la Empresa Portuaria Valparaíso “no ha querido dialogar con nosotros respecto al aforo de las cargas limpias. Por eso, los trabajadores han tomado la determinación de no empezar a atender los buques de pasajeros”, declaró.

Distantes entre sí por varias millas, los conflictos laborales en distintos lugares del globo tienen como denominador común un sector laboral inquieto y molesto con los cambios que produce la crisis en el comercio. El Estado, por el contrario, debe acometer medidas que mantengan la competitividad del sector para que esta ola recesiva no se convierta en un tsunami.

Por MundoMaritimo

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